No obstante la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador y Guatemala, las etapas de la transición han sido lentas, complejas y con pocos resultados; además, el impacto de la represión militar en varias generaciones ha tenido serias consecuencias como la pérdida de un caudal humano fundamental y la eliminación de lideres muy significativos. En el caso de Chiapas, México, una las regiones más pobres y de mayor conflictividad social, se observan rasgos políticos que responden a una situación de guerra de baja intensidad con serias violaciones a los derechos humanos, políticos y sociales de la población chiapaneca, sobre todo la rural e indígena, sin que los Acuerdos de San Andrés tengan cumplimiento.
Con relativas diferencias, la población mesoamericana continúa compartiendo la injusticia social y económica, el incremento en la violencia institucionalizada y el debilitamiento de la gobernabilidad, no contribuyen a frenar los índices de pobreza, hambre, inseguridad, falta de democracia, violación a los derechos humanos más elementales y sus expresiones de racismo, discriminación e incluso de segregación social.
La inversión que se ha hecho para alcanzar la paz, durante más de 15 años, por parte de la cooperación internacional y de los propios gobiernos de la región, ha contribuido a implementar mecanismos de modernización estatal, de descentralización para mayor eficacia de la administración de la justicia, sin que se haya logrado atacar las causas estructurales que hacen recurrentes las condiciones de ingobernabilidad. Se criminalizan cada vez más las luchas sociales, limitando la participación ciudadana de amplios sectores de población y el acceso a la justicia y la reparación.
Pueblos indígenas afectados por el genocidio y los conflictos armados internos, hombres y mujeres pobres, de las clases trabajadoras del campo y la ciudad de Mesoamérica, organizados en grupos de viudas, de familiares de personas y niñez desaparecida, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, sufren con mayor peso los efectos que dejaron el terror y la violencia y son quienes continúan luchando por un Estado Democrático de Derecho, que no olvide la historia y contribuya a la reparación sicosocial y dignificación de sus pueblos y culturas ante la problemática no resuelta que afecta a la justicia.
Principales problemas de justicia que afectan a la población mesoamericana:
- Debilidad en el proceso de construcción de la democracia y del Estado de Derecho.
- Las estructuras militares y las oligarquías mantienen el poder en todos los países.
- El gobierno mexicano se niega a atender las demandas de los pueblos indígenas en Chiapas.
- Constantes práctica de abusos, amenazas, capturas, desalojos ilegales, ataques contra magistrados, activistas de partidos políticos, de derechos humanos y sus organizaciones, de campesinos, periodistas, jóvenes pobres y pueblos indígenas expresan reflejan la impunidad.
- Existe impunidad ante la violencia y feminicidio contra las mujeres.
- Ejecuciones extrajudiciales de jóvenes estigmatizados.
- Los gobiernos no respetan las disposiciones de los tratados relativos a los derechos humanos de las mujeres, se hacen pocas investigaciones, los sistemas de justicia penal no se toman con seriedad este problema y los responsables rara vez son castigados.
Objetivo
Promover acciones contra la impunidad y de acceso a la verdad, justicia y reparación de las poblaciones excluidas en contextos de conflicto y posconflicto, con especial énfasis en las mujeres víctimas de violencia y de pueblos indígenas.
Resultados
Impulsados procesos auténticos de verdad, justicia y reparación integral desde las organizaciones de víctimas del conflicto armado, mayoritariamente indígenas, e instancias acompañantes.
Las organizaciones de mujeres y derechos humanos que se posicionan ante la violencia sexual y los asesinatos violentos contra las mujeres en el conflicto y post conflicto, fortalecen su capacidad de conceptualización, investigación y propuesta, articulando entre sí acciones de búsqueda de justicia.
Temas prioritarios
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