polio de la fuerza; en tercer lugar por una lenta y tardía expansión de la ciudadanía y de la incorporación de las mayorías populares al escenario de lo público (en particular los sectores campesinos) y, en cuarto lugar, por unas élites excluyentes, fragmentadas en intereses y expectativas regionales e incapaces de construir y llevar a término un proyecto de nación incluyente en el marco de un Estado social y democrático de derecho.

La tendencia del conflicto armado en Colombia ha sido a expandirse con el paso del tiempo. La presencia de los distintos actores armados en diferentes regiones, la intensidad del conflicto, sus dinámicas y los variados efectos se deben a mucho factores. Sin embargo es posible establecer como determinantes: i) la estrategia o el plan político militar de largo plazo de cada uno de los grupos; ii) las dinámicas económicas, políticas y sociales regionales que permean el conflicto y configuran diferentes expresiones del mismo; y iii) la búsqueda y diversificación de ingresos por parte de los actores en confrontación.

La geografía del conflicto a finales de 2004 da cuenta de grandes cambios. La tendencia histórica de Estado ausente se ha transformado en una amplia presencia militar en las regiones por cuenta de la política de “seguridad democrática” y sus variadas expresiones.

Las FARC, en un aparente cambio de estrategia, se han replegado hacia el sur-este del país, en donde adicionalmente se evidencia el incremento de la producción de coca. Mantienen su posición de no negociar con el Gobierno Uribe, pero podría existir cierta apertura para discutir las condiciones de un eventual intercambio humanitario. En el caso del ELN, la posibilidad de una eventual negociación ha sido condicionada por este grupo a la celebración de un acuerdo humanitario y a la Convención Nacional que debata las causas estructurales del conflicto. Por su parte, un sector de las Autodefensas Unidas de Colombia- AUC – que experimentan fragmentación -participa en un proceso de negociación con el gobierno Uribe. Simultáneamente su accionar militar y social se ha consolidado en algunas economías regionales y se ha materializado en expresiones de apoyo de sectores polític os locales, regionales y nacionales. Diversos factores condicionan este proceso: La política de extradición y las presiones de los Estados Unidos para aplicarla, las fuertes tensiones internas y la profunda crisis de liderazgo que han caracterizado a los paramilitares en el período reciente. En caso de una ruptura en el proceso, se puede prever una multiplicación y escalada de las acciones violentas contra la población civil en las zonas en disputas.

Por otro lado, un eventual “éxito” del proceso de negociación con las autodefensas implicaría una posible recomposición de fuerzas y recuperación de territorios por parte de la guerrilla, lo que podría significar un mayor riesgo para las poblaciones y el trabajo de campo de organismos humanitarios.

Debido a diversos factores, entre ellos el incumplimiento del cese de hostilidades, la sociedad civil organizada, el movimiento de paz y de DDHH, así como sectores de la comunidad internacional, se han marginado de este proceso y cuestionan su vinculación al narcotráfico y sus alcances en términos de la impunidad que pueda implicar. La tendencia en este proceso puede ser hacia una profunda impunidad, sin claridad frente a la situación en que quedarán las tierras apropiadas por los paramilitares y ajeno a formas participativas de esclarecimiento de la verdad y establecimiento de mecanismos de justicia y reparación a las víctimas de las AUC. Al mismo tiempo el proceso ha avanzado hasta un punto donde también seria complicado para el Gobierno dar para atrás.