Reveses a la verdad, la justicia y la reparación y brechas para la negociación política del conflicto

En el año 2008 se agudizó la crisis institucional, al alcanzar la cifra de 123 parlamentarios vinculados o investigados por beneficiarse de la intimidación y del poder coercitivo ejercido por grupos paramilitares para fortalecerse en el terreno político, económico y judicial, lo que puso en entredicho la credibilidad y la legitimidad del poder legislativo y del propio ejecutivo nacional, dadas las profundas relaciones y afinidades políticas con la mayoría de los implicados en el escándalo de la para-política , dado que 62 de estos parlamentarios estaban activos en sus cargos públicos y son parte de las filas partidistas de la coalición del actual gobierno.

Esta controversia institucional se vio alimentada por la decisión presidencial de aprobar la extradición a los Estados Unidos a 16 jefes paramilitares, lo que fue interpretado por la oposición y por los movimientos de víctimas como un golpe a las aspiraciones de estos sectores por ver mayores avances procesales que permitieran identificar a los autores de cientos de masacres de civiles, ubicar las fosas comunes en las que están sepultados, imponer penas a los autores de las matanzas colectivas e individuales perpetradas en los últimos años y tratar de reconstruir la memoria oculta de la violencia política en el país.

La extradición de la cúpula paramilitar -que agrietó las posibilidades de alcanzar verdad, justicia y reparación-, se produjo en momentos en que arreciaban las revelaciones de nexos entre miembros de la bancada de gobierno y estos grupos armados de ultraderecha, lo que dio lugar a acusaciones de la oposición acerca de que la decisión de extradición estuvo impulsada por la posible intención gubernamental de debilitar las investigaciones en curso y oxigenar políticamente a la coalición oficialista.

Las extradiciones fueron interpretadas por los movimientos de víctimas como un revés jurídico que se traducirá en impunidad, dado que la justicia norteamericana dará prioridad a la persecución de los delitos de narcotráfico por encima de los asociados a violaciones de DDHH cometidas por éstos grupos en Colombia.

En este contexto, las movilizaciones sociales de protesta registraron un aumento, gracias a la visibilización que, pese a todo tipo de amenazas en su contra, han obtenido sectores sociales profundamente golpeados. El nivel de resistencia e iniciativa política mantenido por grupos como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) denota con claridad la simpatía lograda por éste pese a la estigmatización de que es objeto constantemente. A la vez, las dos marchas de febrero y marzo (la primera en contra el secuestro, la segunda en contra de las desapariciones forzadas y otros crímenes de lesa humanidad), llamaron la atención por el nivel de participación.

La legítima exigibilidad hecha al Estado/gobierno por parte de ong de DDHH y otros sectores sociales para alcanzar realizaciones en derechos humanos, lejos de tener una respuesta efectiva, estuvo marcada por repetidos señalamientos por parte de altos funcionarios del gobierno contra dichas organizaciones.

Adicionalmente, dentro de las fosas comunes ubicadas en el país, fueron encontradas un gran número de personas, víctimas en su mayoría de los grupos paramilitares que siguen operando en gran parte del territorio nacional. Esta situación había sido denunciada desde hace varios años por diferentes organizaciones de DDHH. Pese a ello, solo hasta el año pasado se pudo establecer con mayor evidencia como 23 jóvenes del centro del país habían sido engañados y trasladados a otras regiones para ser posteriormente reportados como muertos en combate.

De otra parte, la presencia en el territorio nacional del paramilitarismo lejos de haberse desmontado sigue vigente con nuevas estructuras nacionales. Varias organizaciones de DDHH y de observación internacional que desde hace años vienen documentado estos patrones, vienen estableciendo como se han ido mutado estos grupos que mantienen su presencia coercitiva en el control territorial y de manera sistemática están impidiendo que las víctimas acudan a las instituciones de justicia, mediante amenazas o incluso asesinatos de quienes intentan activar el aparato de justicia para demandar la exigibilidad de derechos.

Reconociendo la extrema vulnerabilidad de las víctimas en este tipo de procesos la Alta Comisionada para los DDHH recomendó al gobierno nacional: “redoblar los esfuerzos para aplicar mecanismos de reparación que sean incluyentes e integrales, abarcando tanto medidas judiciales como administrativas, para garantizar de manera efectiva la protección de las víctimas en el ejercicio de sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición”.

La respuesta del gobierno frente a esta situación fue la expedición del Decreto 3570 de 2008 que crea el Programa de Protección para Víctimas y Testigos cobijados por la Ley 975. En este contexto, la Corte Constitucional falló una acción de tutela en la cual señaló que este Programa de Protección es insuficiente y ordenó su reforma para que sea más efectivo y más específico, en particular en materia de protección de mujeres . Pese a lo anterior, se siguen presentando serias limitaciones en cuanto a la respuesta del Estado frente a la situación de riesgo en la cual se encuentran las víctimas. Una de las más graves, es el carácter selectivo del programa de protección que restringe su alcance a las personas que participan en los procesos judiciales dentro el marco de la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz.