"Falleció a las dos de la mañana en el hospital Georges Pompidou", dijo a la AFP una fuente cercana a la ex primera dama. La información fue confirmada de fuente política. El lunes por la noche, un familiar había anunciado que la presidenta de la asociación France Libertés, hospitalizada desde el viernes, había sido colocada en coma artificial y se encontraba en estado "estable".

Danielle Mitterrand había sido internada en el hospital Georges Pompidou en septiembre debido a una insuficiencia respiratoria. Sin embargo, el 21 de octubre participó en la celebración de los 25 años de la asociación de defensa de los derechos humanos France Libertés-Fundación Danielle Mitterrand.

Ese día "estaba fatigada, pero muy presente" intelectualmente, señaló a la AFP William Bourdon, abogado y miembro del consejo de administración de dicha asociación. Durante estos últimos tiempo, ella parecía "más lenta en sus desplazamientos, pero operativa en sus combates", confirmó otro allegado a la AFP.

En su última entrevista otorgada a la AFP en octubre, la viuda del presidente François Mitterrand afirmó que "los resultados de France-Libertés no siempre estuvieron a la altura de lo que se esperaba, (...) pero en general tuvimos hermosos logros", citando "todo el trabajo hecho sobre el apartheid (política de segregación racial en Sudáfrica) o por los kurdos".

"Nos inscribimos en la acción, allí no puede haber fracaso. La acción en sí misma es un éxito. Al comprometernos incitamos a la gente a hacer frente a sus responsabilidades, así se desarrolla el aspecto ciudadano de una población. Eso significa avanzar siempre", aseguró.

El Movimiento Nacional de Víctimas de crímenes de estado, responde a la invitación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre el encuentro de dialogo para la reglamentación de la ley 1448,

MOVICE CAPÍTULO BOGOTÁ CUNDINAMARCA

En respuesta a la invitación que nos hace el Gerente del Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural al encuentro: DIALOGO PARA LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 1448. CAPITULO RESTITUCION DE TIERRAS, nos permitimos manifestar lo siguiente: El MOVICE no siente que la ley de víctimas reconozca a las víctimas de crímenes de Estado y, que habiendo entregado propuestas para que fueran tomadas en cuenta, incluso durante los debates del proyecto de ley, éstas no fueron reconocidas. Por lo tanto, partimos de la percepción que fuimos desconocidos e ignorados desde el inicio del proceso. Luego, en la reglamentación donde se debía garantizar el derecho a la participación de las víctimas, se dilataron los términos para iniciar la consulta, tres meses después de sancionada la Ley se empezó a socializar la propuesta “preliminar de reglamentación”, lo que no permitió a las víctimas y organizaciones ejercer su legítimo derecho a conocer, discutir, debatir, discrepar y retroalimentar el proyecto de reglamentación de la Ley 1448/11, las víctimas del MOVICE no fuimos convocadas a los foros realizados por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. En consecuencia, consideramos que el gobierno nacional y las entidades encargadas del procedimiento, no nos garantizaron la participación efectiva en este proceso, siendo las víctimas de crímenes de Estado, una parte significativa del universo de víctimas y titulares de este derecho. Las puntuales observaciones que hacemos sobre todo el proceso, nos llevan a considerar que la invitación al “último encuentro” es una forma manipuladora de legitimar un procedimiento en el cual no nos tuvieron en cuenta en ninguno de sus aspectos y por lo tanto, manifestamos que nos sustraemos de participar, porque no representa un proceso amplio y suficiente para que sean reconocidos y recogidos nuestros planteamientos.

Bogotá, 18 de noviembre de 2011

Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, analiza la desconfianza que afecta a las ONG de derechos humanos por una falsa víctima de la masacre de Mapiripán indemnizada con la asesoría del Colectivo de Abogados.

Cecilia Orozco Tascón.- El ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria anunció la creación de un “colectivo” de abogados similar a la Comisión Colombiana de Juristas que usted dirige y al Colectivo José Alvear Restrepo. ¿Cómo analiza esta estrategia? Gustavo Gallón G.- Curiosamente en el expediente del DAS relacionado con la persecución ilegal a las organizaciones de derechos humanos, que se desarrolló entre 2003 y 2005, hay pruebas de que uno de los propósitos que se describían allí era el de crear un colectivo de abogados similar al que usted refiere. Es admisible y correcto que organizaciones de derecha creen entidades para defender derechos. Cosa distinta es que se funde un grupo con ese nombre y desde la perspectiva de los organismos de inteligencia para contrarrestar nuestra actividad.

C.O.T.- ¿Le preocupa?

G.G.G.- Sí, porque obedece al mismo espíritu que inspiró los operativos del DAS de los últimos años, es decir, como parte de una actividad de persecución en contra de las organizaciones de derechos humanos.

C.O.T.- ¿Cree que se trata de una revancha?

G.G.G.- Esperemos que no, pero queda la preocupación del anuncio de lo que se haría al respecto, en los expedientes del DAS de hace 5 o 6 años. Allí se habla de fundar un “colectivo” de abogados para actuar en Costa Rica, justamente lo que se acaba de anunciar.

C.O.T.- En cuanto al debate que se generó por la confesión de la falsa víctima de la masacre de Mapiripán, los ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia han anunciado que viajarán, precisamente a Costa Rica, a pedirle a la Corte Interamericana la revisión de la condena a Colombia. ¿Qué opina de esta decisión?

G.G.G.- Hay evidencia suficiente de que hubo una masacre en Mapiripán y su ocurrencia no puede ponerse en duda por la aparición de una falsa víctima que pidió una reparación que no le correspondía. La masacre fue reconocida incluso por los propios autores del crimen, empezando por Carlos Castaño. Hay otras evidencias, como el testimonio del juez del municipio que declaró que muchos de los cuerpos de las víctimas fueron despedazados y botados al río.

C.O.T.- ¿Cuándo se considera como masacre un acto criminal en Derecho Internacional Humanitario y con cuál número de víctimas?

G.G.G.- Una masacre es el asesinato simultáneo de un conjunto de personas que frecuentemente se acompaña con otros actos de extrema crueldad. No hay una descripción del número de personas a partir del cual puede considerarse que existe o no una masacre jurídicamente hablando, pero en estudios de violencia sociopolítica se entiende que la hay cuando se causa la muerte simultánea de tres, cuatro o más personas.

C.O.T.- ¿La disminución del número de víctimas de Mapiripán pone en duda la existencia de la masacre o invalida la condena a Colombia?

G.G.G.- Que algunas personas se hayan hecho pasar por víctimas de Mapiripán no es argumento para desvirtuar la existencia de la masacre ni para pedir que la condena al Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se invalide. Entre otras cosas, en su sentencia de 2005 la Corte dejó constancia de que el número de víctimas era “indeterminado” y, sin embargo, en la parte resolutiva dice que Colombia reconoció 49 víctimas y que admitió la participación de agentes de la Fuerza Pública por el envío de unos aviones desde Urabá hasta San José del Guaviare para transportar a los paramilitares y las armas que se emplearían en la masacre.

C.O.T.- Si todos los hechos ocurridos en Mapiripán fueron aceptados por el Estado colombiano en su momento y están relatados en la sentencia de la Corte, ¿no haremos el ‘oso' cuando la canciller y el ministro de Justicia pidan la revisión del caso?

G.G.G.- No comparto el uso del plural en su pregunta, porque no somos nosotros los que vamos a “hacer el oso”, sino el Estado colombiano representado por los ministros que usted menciona. La última palabra la tiene, por supuesto, la Corte Interamericana. Pero, repito, la sentencia no está condicionada a que haya mayor o menor número de víctimas y la Corte no tiene por qué modificar, por ese hecho, la esencia de su sentencia.

C.O.T.- ¿A quién le corresponde establecer el número de víctimas?

G.G.G.- El Estado condenado es el que tiene que examinar que determinada víctima es o no real para actuar en consecuencia. Si existe una falsa, como parece ser en el caso de Mapiripán, eso no significa que la responsabilidad internacional del Estado colombiano por esos hechos y por la ausencia de justicia desaparezca. Además, doña Mariella, la señora que se presentó como víctima sin serlo en Mapiripán, sí lo es en otros hechos y el Gobierno colombiano no puede sentirse tranquilo en cuanto a su responsabilidad con ella: su marido efectivamente fue asesinado en otra masacre; uno de sus hijos fue llevado a la fuerza por la guerrilla y otro, por los paramilitares. Luego merece reparación del Estado.

C.O.T.- ¿El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo no fue el que avaló la existencia de esta víctima y otras que resultaron falsas?

G.G.G.- A las víctimas no se las inventaron sus representantes. El Colectivo las recibió después de que habían sido reconocidas como tales por la Fiscalía, el Ministerio de Relaciones Exteriores y los abogados contratados por el Gobierno. Y éste las volvió a reconocer ante la Corte. El Estado colombiano no fue engañado por las organizaciones de derechos humanos, sino por su propia incapacidad investigativa. Por otra parte, la Corte le ordenó a Colombia esclarecer la verdad, lo que todavía está lejos de cumplir porque no se ha hecho justicia por completo.

C.O.T.- ¿A qué se refiere cuando dice que “no se ha hecho justicia por completo”?

G.G.G.- A que todavía hay preguntas sin respuesta sobre aquellos hechos. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido con el general (r) Rito Alejo del Río después de que el general (r) Uscátegui, condenado por lo ocurrido en Mapiripán, declaró que fue Del Río quien embarcó los aviones de Urabá hacia San José del Guaviare para transportar un centenar de paramilitares y el armamento que fue usado para incursionar en Mapiripán? ¿Por qué no se sabe nada sobre el proceso de este oficial que además fue objeto de homenajes celebrados por destacadas personalidades del país?

C.O.T.- El Estado colombiano ha firmado varios tratados y convenios internacionales que se relacionan con el DIH. ¿Está obligado a aceptar la condena de la Corte Interamericana o puede dejar de cumplir lo que se le ordena?

G.G.G.- La condena con relación al caso de Mapiripán y lo que allí se ordena es obligatorio para el Estado, según el artículo 68 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Cuando los Estados adhieren a una Convención, se comprometen a cumplir las sentencias sin discusión.

C.O.T.- ¿Queda más deteriorada la imagen de las ONG de derechos humanos después de este episodio?

G.G.G.- Esto ha creado una impresión negativa sobre nuestro trabajo. Tenemos que asumirlo y tratar de superarlo. En los años 80, en épocas del gobierno de Turbay, predominaba una visión negativa sobre las organizaciones de derechos humanos impulsada desde el propio gobierno. En los años 90 esa percepción cambió por la introducción de la Constitución del 91 que reconoció mecanismos de protección de los derechos. Con el gobierno de Álvaro Uribe y con la persecución que se desató con él, volvió la estigmatización.

C.O.T.- ¿Es más fácil o más difícil la ejecución de su trabajo hoy que durante los ocho años del gobierno Uribe?

G.G.G.- Esta campaña de estigmatización y el aprovechamiento del incidente de Mapiripán ha calado en un sector muy importante de la opinión pública. Por eso es más difícil. Pero en el fondo no es sustancialmente diferente a lo que había antes.

El número de víctimas y la responsabilidad del Estado

En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia, por la masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997 cuando más de 100 paramilitares llegaron en aviones oficiales provenientes de Urabá y tomaron el control del municipio durante una semana para torturar y descuartizar a habitantes sospechosos de ser colaboradores de la guerrilla, se dice que se pudo establecer “la responsabilidad del Estado”, a pesar de que el número de víctimas no pudo conocerse con exactitud (dado el descuartizamiento y la desaparición de los restos humanos que fueron tirados al río para borrar las pruebas). Durante el proceso que se adelantó ante la CIDH en San José de Costa Rica, Colombia estuvo representada por un juez ad-hoc: el jurista javeriano Gustavo Zafra, de reconocida probidad jurídica. Zafra dejó un “voto razonado concurrente” en el que dice una frase que hoy casa con la discusión generada por la falsa víctima que apareció hace poco y por cuya existencia la Nación pretende pedir que le suspendan la condena: ni las indemnizaciones económicas a las víctimas ni la indeterminación de su número preciso “pueden confundirse con la obligación de reparar el hecho ilícito internacional del Estado…”.

"¿Brazo jurídico de la guerrilla?"

Cecilia Orozco Tascón.- Ha hecho carrera la idea de que los abogados que trabajan con las víctimas de violaciones de los derechos humanos son “el brazo jurídico” de la guerrilla. ¿Qué opina?

Gustavo Gallón G.- Es una teoría equivocada que ha sido producida por organismos de inteligencia como parte de su estrategia bélica. Según ella, existiría una supuesta guerra jurídica que se adelanta desde las organizaciones de DD.HH. para neutralizar a la Fuerza Pública a través de acciones judiciales y en complicidad con la guerrilla. Así, denunciaríamos falsamente a oficiales y agentes del Estado para obstruir las operaciones militares. Nada más errado. Aquí no hay necesidad de inventar nada: abundan tanto las violaciones de este orden que no damos abasto.

C.O.T.- Pero esa idea circula mucho en columnas de opinión.

G.G.G.- Cierto. Es una tesis perversa que infortunadamente está siendo aceptada y por eso la hemos denunciado ante el ministro de Defensa anterior, Rodrigo Rivera, a quien le expresamos nuestra preocupación. Él nos respondió que este gobierno no patrocinaba la teoría de la guerra jurídica. Pero hay evidencias de que continúan las descalificaciones para deslegitimar nuestro trabajo.

Este es un nuevo desafío: impedir que las potencias demográficas adquieran en patio ajeno vastas extensiones para cultivar lo que les conviene, cosechar el producto y llevarlo para que coman sus pobladores.

China niega que esté comprando tierras, pero todos los informes dicen que sí. El país ya entró alegremente en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que nos va a costar sangre, sudor y pollos. Ahora tiene que abrir los ojos ante una nueva amenaza: las empresas y gobiernos extranjeros que andan negociando tierras por el mundo.

La cosa es muy sencilla. Hace poco el planeta alcanzó 7.000 millones de habitantes. En 1995 padecían hambre y miseria 830 millones; ahora las sufren 1.000 millones. En el 2050 habrá 9.000 terrícolas y para alimentarlos será preciso aumentar en 50 por ciento la actual producción de cereales y duplicar la de carne. Buena parte de la población se asienta en pocos países: China, India, Rusia, Estados Unidos, Brasil... El problema es que la tierra productiva no está distribuida según las necesidades, por lo que algunas de estas naciones buscan buenas áreas agrícolas en países que las tienen, como algunos del África... y Colombia. Este es un nuevo desafío: impedir que las potencias demográficas adquieran en patio ajeno vastas extensiones para cultivar lo que les conviene, cosechar el producto y llevarlo para que coman sus pobladores.

La operación, por supuesto, se disfraza con palabras bonitas: "transferencia tecnológica", "creación de empleo", "multiplicación de riqueza", "el tren de la agricultura"... Usando léxico parecido, una empresa suiza convenció a Sierra Leona (paupérrimo país africano) de que le alquilara durante 50 años 40.000 hectáreas para producir biocombustibles. Prometía 2.000 nuevos puestos y aportes tecnológicos. Bastaron tres años para arrojar un balance lamentable: a cambio de escasos 50 empleos agrícolas, la empresa había destruido el equilibro hidrológico que procuraba arroz a toda la zona.

Basado en esta y otras experiencias, The Economist señaló (7 de mayo del 2011): "Cuando se plantean negocios de tierras, al país receptor le ofrecen empleo, tecnologías nuevas, mejores estructuras y recaudos adicionales de impuestos. Ninguna de estas promesas se cumple".

A conclusiones aún más severas llega el informe que dio a conocer en septiembre la fundación internacional científica Oxfam: "La actual compra masiva de tierra está sumiendo a miles de personas en mayor pobreza"... La demanda "obedece al interés por producir comida para personas de otros continentes, por cumplir con los perjudiciales objetivos de combustibles o por especular con la tierra". Oxfam ofrece ejemplos. Uno de ellos es Uganda, donde la maderera británica New Forests compró bosques para explotar a expensas de miles de campesinos a los que "desalojaron a la fuerza y abandonaron en la más absoluta miseria".

Olvídense, si quieren, de Sierra Leona y Uganda: Colombia está en la mira. El 15 de mayo, Alfredo Molano informó en El Espectador que, autorizada por el anterior gobierno, una firma canadiense está talando y exportando a la China 5 millones de metros cúbicos de maderas finas en las selvas del Chocó. A su turno, los congresistas Wilson Arias y Hernando Hernández denunciaron el año pasado que China y Brasil quieren adquirir tierras en Colombia y que en la Orinoquia se adecuan terrenos para entregarlos a empresas extranjeras. "El modelo Carimagua", apuntan, en referencia a aquel que quiso imponer en un predio llanero el ex ministro Andrés Felipe Arias: la tierra para los ricos.

China niega que esté comprando tierras, pero todos los informes dicen que sí. Necesita producir comida para 1.300 millones de personas y solo podrá hacerlo si expande su territorio agrícola a otros países. En cuanto a Brasil, su poderosa industria agropecuaria está destruyendo la selva amazónica, y ahora presiona una ley que corona al tractor como rey de la naturaleza. Aunque otra ley blinda al país contra terratenientes internacionales, muchas compañías brasileñas miran hacia Colombia como un potrero vecino, barato y desprotegido.

Mucho cuidado, pues, con los redentores que se disfrazan de inversionistas en tierras. Esos quieren montar en Colombia enclaves agrícolas neocoloniales.

El director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) que sustituirá al DAS, almirante Echandía, declaró a este diario algo que no puede pasar inadvertido, dada su importancia para la democracia.

A la pregunta sobre cómo hará la ANI para producir sus documentos de inteligencia, si no pueden hacer interceptaciones sin orden judicial, Echandía contestó: “Nosotros sí podemos hacer vigilancia del espectro electromagnético, que es diferente. No podemos interceptar conversaciones privadas, por ejemplo, las que se hacen a través de un celular. El uso del espectro electromagnético es una cosa diferente”.

Si bien el almirante es respetuoso en cuanto está consciente de que no puede interceptar comunicaciones sin orden judicial, suelta el globo gigantesco de que por la vía de vigilar el espectro electromagnético, sí podrán hacer muchas cositas no autorizadas por los jueces. Por bien intencionado que esté Echandía, como creo que lo está, la tal vigilancia del espectro electromagnético no es otra cosa que acceder a información y conversaciones privadas sin permiso judicial, lo cual viola la Constitución.

El asunto es sencillo. Una agencia de inteligencia que no “chuza” celulares ni teléfonos, pero a propósito de vigilar el espectro electromagnético, se entera de todo lo que conversan los ciudadanos en las calles, plazas, parques, etc., está interceptando comunicaciones privadas. Si usted, por ejemplo, hace una cita amorosa en una vía pública que quiere mantener en reserva, eso no podrá tenerlo seguro, no por la imprudencia de su acompañante o por los ojos de terceros, sino porque en una de esas vigilancias del espectro electromagnético que haga una agencia de inteligencia, de pronto oyen su conversación íntima.

Lo grave de lo que ha dicho el almirante Echandía es que ese esguince artificioso está por convertirse en ley, si la Corte Constitucional, después del examen de constitucionalidad automático que está realizando, bendice esta maniobra.

Durante el trámite del proyecto de esa ley de inteligencia, varias personas asistimos como invitados a una audiencia en la Cámara de Representantes y les hicimos ver a los parlamentarios la necesidad de impedir lo que hoy está ocurriendo con los abusos de autoridades que están oyendo conversaciones privadas, con la coartada de vigilar el espectro electromagnético. Nos pusieron conejo, porque en vez de solucionar tal atropello, aprobaron un artículo tramposo, en el que si bien se ordena destruir la información que no interese a los fines de la inteligencia, recaudada como consecuencia de vigilar el espectro electromagnético, definieron que “el monitoreo no constituye interceptación de comunicaciones”.

Esa regulación es fraudulenta, por decir lo menos, pues cuando un agente de inteligencia oye una conversación privada captada en uno de sus famosos monitoreos, ello es una forma de interceptar comunicaciones privadas sin orden judicial, así la ley diga lo contrario. Es como si mediante una ley, al Congreso se le ocurre decir que cuando llueve es porque el sol alumbra.

Ojalá la Corte Constitucional detenga ese esperpento, porque de lo contrario el espectro electromagnético, que es un bien público, pasará a ser propiedad de las agencias de inteligencia. ¿Dónde andará el Defensor del Pueblo?

Adenda. El procurador Ordóñez, en una carta cargada de injurias y calumnias indirectas en mi contra, pretendió describirme valiéndose de un poema áspero escrito por Lope de Vega, que no transcribió íntegramente. Lo risible es que el poema en cuestión es un soneto de amor, No 79, del que Ordóñez omitió lo que sigue: “Ama si eres Amor, que si procuras descubrir, con sospechas y recelos en mi adorado sol nieblas escuras, en vano me lastimas con desvelos. Trate nuestra amistad, verdades puras: no te encubras, Amor, si quieres celos”. ¿Será que el procurador, autor de un panfleto contra los homosexuales, está entusiasmado con la nueva campaña publicitaria de Benetton? Casos se han visto.

notasdebuhardilla@hotmail.com

Participa el 25 de noviembre en el Cabildo Abierto por el derecho humano y ambiental al Agua en el Alto Ariari.

“Porque somos comunidades organizadas y nuestro compromiso es la defensa de la vida y la tierra, somos los únicos que debemos administrar nuestra Agua y prestar el servicio de acueductos comunitarios y veredales”

No a la privatización del Agua en el Alto Ariari!

No a la exploración y explotación minera!

Exigimos reconocimiento y respaldo a nuestros acueductos comunitarios! Por la defensa del Agua, de la Vida, del Territorio del Alto Ariari!

Todos y todas en Cabildo Abierto Por nuestro derecho Humano y Ambiental al AGUA

Lugar: Medellín del Ariari

Hora:10am

Mayor información correo: civipaz_zh@gmail.com

Declaración pública

Convocan: Juntas de Acción Comunal, Acueductos comunitarios de las veredas, caseríos y corregimientos de Medellín del Ariari, Puerto Esperanza, La Esmeralda, La Esperanza, El Retiro, Caño Lindo, El Jardín, Santa Cruz, Benjamín Herrera, El Delirio, Caño Claro, El Cable, Brisas de Yamanes, La Cima, Caño Tigre, San Luis de Yamanes, Carmen Uno, El Encanto, Alta Cal, Playa Rica, Malavares, Cumaral Bajo, Caño Embarrado, Los Alpes, Macarena, La Floresta, Campo Alegre Miravalles, al igual que habitantes del casco urbano del municipio El Castillo, quienes suscribieron la solicitud de realización del Cabildo Abierto por el derecho humano y ambiental al agua. Junto al apoyo de Sintragrim, Atcari y la Zona Humanitaria de CIVIPAZ, con el acompañamiento de la Misión Claretiana de Medellín del Ariari y La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Plataformas Colombianas de Derechos Humanos apoyan la labor del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Bogotá, noviembre 16 de 2011

El país ha presenciado una sistemática campaña contra la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en torno a su desempeño en el proceso por la Masacre de Mapiripán. En la labor de desprestigio han participado altos funcionarios del Estado, empezando por el Presidente de la República, los medios de comunicación y voceros de corrientes de opinión caracterizadas por su hostilidad a la causa de los derechos humanos.

Las Plataformas Colombianas de Derechos Humanos y Paz reunidas en Bogotá, los días 9 y 10 de de noviembre del año en curso, declaran:

1.- La reciente versión de una de las víctimas, que fue presentada por dependencias del Estado colombiano y reconocida como víctima por el Estado en las actuaciones judiciales por dicha Masacre, no puede significar atenuación de la gravedad de los crímenes cometidos y muchísimo menos permite negar su ocurrencia. El 24 de marzo de 2005, el Estado colombiano reconoció por escrito su responsabilidad y pidió perdón a las víctimas. Por lo que son verdad sabida y demostrada tanto la Masacre como la responsabilidad del Estado.

2.- Algunos medios de comunicación de manera ligera han pretendido extender un manto de sospecha sobre el justo reclamo de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y al derecho a ser representadas en los procesos judiciales por los hechos que las han afectado. Tal ligereza parece motivarse en el interés de asegurar impunidad a los perpetradores de crímenes contra los derechos fundamentales.

3.- Teniendo en cuenta, como lo anota la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que “la reconstrucción de los hechos se basó principalmente en el acervo probatorio de la Fiscalía Nacional de Colombia y en la información y documentación oficial que el Gobierno colombiano aportó a los procesos internos y al proceso en el sistema interamericano de derechos humanos”, y que la determinación de las víctimas fue encomendada por la Corte Interamericana a la Fiscalía, son el Estado colombiano y más concretamente la Fiscalía General de la Nación los responsables del fraude procesal que se haya podido configurar.

4.- Los recientes cuestionamientos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos buscan privar a las víctimas del recurso extraordinario a una jurisdicción supranacional, cuando quiera que los Estados resultan incapaces de garantizar de manera eficaz los derechos de la ciudadanía. Las Plataformas reconocen en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos una conquista de nuestros pueblos por lo que se deben movilizar los recursos necesarios para procurar que persista como instrumento eficiente para la realización del valor supremo de la justicia.

5.- Las Plataformas de Derechos Humanos y Paz expresan su solidaridad al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Conocedores de su trayectoria, su ética, su profesionalismo y su entrega sin reservas a la causa de los derechos humanos y de sus éxitos en la lucha contra la impunidad, asumimos que esta campaña de desprestigio se inspira en un afán de vindicta de parte de quienes son responsables de crímenes como la Masacre de Mapiripán y procuran eludir el consecuente castigo.

6.- Las Plataformas de Derechos Humanos y Paz demandan de las altas autoridades del Estado colombiano garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y una investigación rigurosa de los hechos que originan el debate que centra la atención de la ciudadanía y su correspondiente divulgación a la opinión pública nacional e internacional.

7-. Las Plataformas de Derechos Humanos y Paz están persuadidas de que el escándalo que se ha promovido de manera deliberada, que impide escuchar razones y argumentos y que no elude asignar culpas de manera apresurada, no logrará debilitar el compromiso de las abogadas y los abogados que integran el Colectivo José Alvear Restrepo y por el contrario se constituye en un estímulo para profundizar su lucha por la justicia.

Alianza de Organizaciones Sociales y Afines Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz Coordinación Colombia Europa Estados Unidos Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

This is how the municipal judge in Mapiripán, Leonardo Iván Cortés Novoa, described the horror of the torture and the suffering experienced by those who were dismembered. In order not leave any evidence, body parts were disposed in the Guaviare River. Other corpses were left in the municipality and thrown at those who tried to escape. The teacher's dog was even strangled by “Mochacabezas” as an example of what paramilitary chief Carlos Castaño called “the greatest combat activity in all the history of the self-defense groups,” when he admitted to murdering 49 people in Mapiripán.

When the paramilitaries arrived to the town, Judge Cortés made desperate calls for help to the authorities. Due to their accents from the Caribbean Coast and Antioquia, the judge assumed these paramilitaries had come from the region of Urabá. He spoke with Army Major Hernán Orozco Castro, who had taken over the command of the “Joaquín París” Battalion from Colonel Ávila Beltrán who had recently gone on vacation. Orozco Castro immediately sent a warning by radio and in writing to his direct commander, General Uscátegui Ramírez, recommending “a quick and immediate airlift to Mapiripán with personnel and equipment from the Mobile Brigade Number 2 (three battalions in Barrancón and 3 helicopters; there are no gunships), which could include the Anti-Narcotics Police.”

“[…] [I]f the paramilitaries had come from so far away, I believe that it was not exactly to enjoy the local landscape. Over the next few days, I expect a series of killings and murders to be perpetrated against the inhabitants of the previously mentioned city.” This was Officer Orozco Castro's warning. However, he was not only prevented from taking any action, but the general also forced him to change the original communication he had sent.

How had these paramilitaries from Córdoba and Urabá come to San José del Guaviare? They came on two airplanes that took off from Urabá, where they had been protected by troops from the 8th Brigade under the command of General Rito Alejo del Río. When they landed in San José del Guaviare (Guaviare), other military forces also protected them so they could begin their trip of death.

The Mapiripán Massacre was not just another massacre. It was the beginning of the expansion of paramilitarism throughout the country. As part of a counterinsurgent strategy employed by the Armed Forces, it would extend the bloodbath to every corner of the country. Millions of crimes against humanity were perpetrated, including extrajudicial executions, acts of torture, forced disappearances, massacres, sexual violence, land seizures, and forced displacement.

The criminal investigation led to the first conviction against senior Army officers in Colombia. Nonetheless, all of the responsible parties have not been investigated and all of the victims have not yet been identified. In 2005, the Inter-American Court of Human Rights convicted the Colombian State for these acts, demanding that the State fully comply with the duty to investigate and punish the responsible parties and recognize and compensate the victims.

Over the last week, the Prosecutor General's Office identified false victims who had been compensated by the Colombian State. This unleashed a media campaign and the announcement of exemplary sanctions against those undermining the credibility of the Inter-American System of Human Rights. President Santos even accused those allegedly behind these acts of deception as being “crafty” and “corrupt.”

However, in 2008, and in some cases even several years earlier, the Colombian State had already identified several of these alleged false victims. Why has this only recently been revealed?

The media coverage has attempted to show that the massacre was not as serious as previously reported, since there were fewer victims. The Justice and Peace Unit of the Prosecutor General's Office has recognized 13 murder victims and 68 people who were forcibly displaced. These figures have been used to create the sensation of “injustice” over the rulings issued. Consequently, the Inspector General announced that he would request a review of the conviction against General Uscátegui. There are even voices demanding impunity for the perpetrators.

It must be specified that Colombian State recognized the victims of the Mapiripán Massacre. The victims first made statements before the Social Solidarity Network and the Prosecutor General's Office, long before requesting legal representation from CCAJAR, which accepted in good faith the circumstances of time, method and place in which their family members had been disappeared.

Economic compensation is just one aspect of the reparations to which the victims have a right. In order to prevent “more Mapiripans,” CCAJAR has also attempted to achieve the disciplinary and criminal punishment of the responsible parties of the crimes, in addition to guarantees of non-repetition. In this respect, it must be clarified that no member of our organization receives any economic considerations from the victims or any compensation from the resulting indemnities in the cases we represent. In all of the criminal cases in which we participate as the civil party, we also renounce any economic compensation resulting from the establishment of criminal responsibilities. In the cases where indemnities have been ordered, the institution does receive economic compensation, which is used to support our activities in defense of human rights and especially victims' rights.

The fraud against the State has served as a pretext to destroy the victims' credibility. This fraud was perpetrated by people who passed themselves off as victims and took advantage of the uncertainty over the identification of those who were dismembered and disappeared. It has also extended a shroud of doubt on the cases against members of the State security forces and has attempted to weaken the Inter-American System of Human Rights. Lastly, this fraud has continued the smear campaign against CCAJAR and all of the human rights organizations in Colombia representing cases before national and international courts and legitimately demanding truth, justice and reparations for the victims of grave human rights violations.

For over thirty years, CCAJAR has exhibited transparent and unyielding commitment in the fight against the impunity of crimes against humanity. CCAJAR members have risked their lives —and will continue to do so— in their representation of thousands of victims.

We have never purchased testimony. We never “buy convictions.” We do not resort to fraudulent maneuvers to achieve judicial decisions. We do not search for false victims. We have never employed irregular practices to sanction the State. We fight to achieve a democracy, which deserves such a name, and a society, which loves life and defends its dignity and rights.

We reaffirm that all of the members of CCAJAR are willing to go before any criminal or disciplinary investigation.

With respect to the confidence that the victims have entrusted in us, we will continue to believe in their testimony. It is preferable to be mistaken in good faith than weave doubt over the millions of victims of socio-political violence who demand truth, justice, and reparations, guarantees of non-repetition, and the achievement of peace.

We speak with clarity to the national and international community. CCAJAR has been the victim of a conspiracy of vast proportions that aims to destroy our organization. The Uribe Vélez administration pursued this same objective through the Administrative Department of Security (DAS), which considered us to be a primary target. At that time, our moral heritage, constructed through exemplary commitment with the victims, was under attack. The goal was to destroy us as a human rights organization in order to favor the principal human rights violators in Colombia and consolidate an impunity that encourages the persistence of the crimes.

It is not a coincidence that this campaign has been unleashed in the midst of an attempt to fully re-establish military criminal jurisdiction. In the case of the Palace of Justice, an appeals court is also about to review the conviction against retired Colonel Luis Alfonso Plazas Vega (who the new commander of the military forces considers to be a “national hero”). The Supreme Court recently upheld the conviction against retired General Jaime Humberto Uscátegui and the Prosecutor General's Office is formally investigating him for the massacre in San Carlos de Guaroa. The case of Santo Domingo has also been sent to the Inter-American Court of Human Rights. Lastly, investigations have begun reach senior military commanders in the thousands of cases of “false positives” in which military members allegedly murdered civilians and later presented the victims as guerrilla members killed in combat.

The investigations and prosecutions against the DAS have also begun to focus on former President Uribe Vélez's closest advisors. Nonetheless, President Juan Manuel Santos recently came to the defense of María del Pilar Hurtado and Bernardo Moreno, former DAS director and presidential secretary general, respectively.

Colombian society has the right to truth. Those who have committed fraud against the State and committed this deception should answer for their crimes. We demand justice in re-establishing our good name. We demand respect for the victims of Mapiripán.

We demand full justice with respect to the principal instigators of the many Mapiripans that continue to be perpetrated in Colombia.

1. Within the framework of its work in defense of human rights, CCAJAR has provided national and international legal representation for five groups of individuals identified as family members of the victims of extrajudicial executions, forced disappearances and forced displacement from July 15 to 20, 1997, which is known as the Mapiripán Massacre. These victims also include Ms. Mariela Contreras, and her family, who was recognized as a victim by the Colombian justice system after giving statements before the Prosecutor General's Office.

2. Our work before the Inter-American Commission and Court of Human Rights, which resulted in a judgment against the Colombian State in September 2005, was based on the victims' statements and the decisions issued by criminal, disciplinary and contentious-administrative courts in Colombia. On March 4, 2005, the Colombian State accepted these statements and decisions when it acknowledged its international responsibility for the Mapiripán Massacre in the following terms:

“[...] based on the decisions issued by the domestic judicial and disciplinary authorities and due to the facts that took place in the municipality of Mapiripán between July 15 and 20, 1997, [...] it publicly and explicitly states the following: [...] 2. It acknowledges its international responsibility for violation of Articles 4(1), 5(1) and [5](2), and 7 (1) and [7](2) of the American Convention on Human Rights […].”

3. In its decision, the Inter-American Court considered that “[t]he methodology followed in executing the massacre and destroying the bodies of the victims, together with the terror spread among the surviving inhabitants of Mapiripán to cause their displacement, have obstructed full identification of the victims of the massacre, despite the fact that there is certainty that a large number of individuals were tortured and murdered during those days in July 1997.” (Paragraph 96.47)

4. In view of this partial indetermination, the Inter-American Court established the obligation of fully identifying the victims, extending this duty to individuals mentioned as possible victims who were only known by nicknames. The Court reiterated that it was:

“[…] indispensable for the State, for purposes of reparation, to individually identify the victims who were executed and made to disappear, as well as their next of kin. […] The State must complete said tasks, as well any others that may be necessary, for which it must resort to all possible technical and scientific means, taking into account pertinent provisions regarding this matter, such as those set forth in the United Nations Manual on the Effective Prevention and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions.” (Paragraph 305)

5. In effect, the number of victims mentioned in the Colombian decisions and established as the tentative number by the Inter-American Court is based on testimony from a plurality of victims and the admission made at the time by paramilitary chief Carlos Castaño Gil. It must be indicated that in this case paramilitary member Gilberto Cuellar also admitted to his participation in these acts and claimed that more than twenty people were murdered. The Judge in Mapiripán, Leonardo Cortés, who witnessed these acts, testified that there were several dozen victims.

In accordance with the judgment issued by Inter-American Court (paragraph 96.49), the National Human Rights Unit of the Prosecutor General's Office stated that:

“[…] after the Mapiripán Massacre was carried out [it was] Carlos Castaño Gil himself who, before the media and as a “victory report” state[d] that 49 individuals were eliminated in the paramilitary incursion in Mapiripán, making it possible to tentatively establish an estimate of the number of victims, a statement that was supported by that of doctor Leonardo Iván Cortés Novoa who asserted that approximately 26 individuals were killed and missing, together with the intelligence reports by members of the security forces who were carrying out covert operations in the area, stating that there were approximately 30, in addition to what has been asserted by paramilitary José Pastor Gaitán Ávila who says that he counted 23 persons murdered. This allows us to conclude that there was a large number of victims, no less than twenty.”

6. Based on the international decision and the Official Monitoring Mechanism, established in this judgment, CCAJAR has insisted on the full identification of the victims, an obligation and attribute exclusively corresponding to the Prosecutor General's Office, which has not been fully satisfied, as indicated by the Inter-American Court of Human Rights.

7. In cases of grave human rights violations, it should be remembered that the obligation to investigate corresponds to the State and not the victims or their legal representatives.

8. The lawyers from CCAJAR have always acted in good faith and we believe —and will continue to believe— in the good faith of the victims. Consequently, in this case, we have provided legal representation for those who claimed to be affected by the Mapiripán Massacre, provided voluntary statements before a notary public and, given the circumstances within which the acts took place, were consistent with what had been legally established and the different narratives on what occurred.

9. If one or several of the claimants requested to be recognized as victims without actually being so, this must be established by the corresponding judicial authority, which will determine the respective criminal responsibility. CCAJAR is completely available to the judicial authorities for the clarification of these acts recently published in the mass media.

10. The acts known as the “Mapiripán Massacre” represent a grave human rights violation, due to their nature, the alleged actors, the cruelty with which they were committed, and the ensuing terror, not only in Mapiripán, but also throughout the country. CCAJAR insists it is the State's obligation to fully clarify these acts, establish all of the relevant criminal responsibilities, fully identify the totality of the victims, and make suitable reparations.

Ante la vida, sereno y ante la muerte, mayor; si me matan, bueno: si vivo, mejor.

No soy la flor del centeno que tiembla al viento menor. Si me matan bueno: si vivo, mejor.

Aquí estoy, vivo y moreno, de mi estirpe defensor. Si me matan, bueno: si vivo, mejor.

Ni al relámpago ni al trueno puedo tenerles temor. Si me matan, bueno: si vivo, mejor.

Traidores me echan veneno y yo les echo valor. Si me matan, bueno: si vivo, mejor.

El corazón traigo lleno de un alegre resplandor. Si me matan, bueno: si vivo, mejor.

Miguel Hernández

Para no ir muy atrás en la historia y que un número mayor de personas pueda acercarse a esta reflexión, desde cuando el controvertido presidente Ernesto Samper Pizano emprendió la campaña de darnos en pequeñas dosis, cada doce horas, el coro y la primera estrofa del himno nacional, muchas personas incautas, ignorantes o... se han creído eso de que en surcos de dolores el bien germina ya; peor aun, que cesó la horrible noche... si tales premisas fueran ciertas se evidenciarían en una sociedad cómoda con la veracidad y la honradez ¡cuán distantes estamos de tales alturas! Para muestra un botón: hace unos años un noticiero informó que un policía fue premiado por cumplir con su deber; ante tal asunto alguien manifestó: ¡cómo estaremos de mal que lo que debería ser normal se torna motivo de estímulo!

Ni ha germinado el bien ni ha cesado la horrible noche... mochacabezas, motosierras, falsos positivos, leones y cocodrilos comegente, desalojos, desplazados, desaparecidos, presos políticos, personas exiliadas, personas silenciadas, desempleo, entrega de la soberanía, desfalcos, fosas comunes, ajusticiamientos, paramilitares... el miedo y la zozobra han inundado los surcos y el bien no puede germinar de esta manera; es muy larga ya la horrible noche...

Sin embargo Fuenteobejuna señala una esperanza. En la búsqueda de quién había sido el culpable de reclamar justicia, llaga el tirano a indagar por el nombre, la comunidad a una sola voz responde: Fuenteovejuna señor. En palabras de José Martí, la solidaridad es la ternura de los pueblos; además y según lo narra la Cantata de Santa María de Iquique, ...y así con el dolor y el sufrimiento se fueron aunando voluntades... la solidaridad florecida en el sufrimiento de la comunidad desamparada y desarraigada, forjó un grupo dador de esperanza para quienes poblamos la horrible noche, a la par que contenía, hasta donde le era posible, a los prolongadores de tan atroz período; la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, es desde entonces semilla de laboriosos grupos que hoy llevan con orgullo y riesgo el título de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos.

Hace parte de la historia del Colectivo recibir la tinta oscura e irritante del pulpo... la veracidad, la honradez y la solidaridad los han protegido de los embates, pero en esta época de globalización no es pequeño ni local el enemigo, como Meduza extiende sus tentáculos hacia Colombia, simple piñón en el engranaje financiero. Se les ataca para herir de paso instancias internacionales que han podido vislumbrar las patrañas de los poderosos y los padecimientos de las víctimas; les urge para superar la crisis del sistema, desviando la atención de la comunidad incauta, entreteniéndola con la tinta y la piquiña en tanto huyen de la responsabilidad social de sus fechorías.

Huelga decir entonces que se anuncia una nueva etapa en la búsqueda de la verdad y de la justicia; ahora las luchas no son entre nacionales, la lucha es de los pueblos contra el sistema; de las personas que se enamoran de personas contra las personas que se enamoran de los pesos. Así lo han vivido Palestina, Irak, Afganistán, Libia, Grecia... la desconcertante intervención de doña Mariela Contreras como ¿víctima? de Mapiripán, nos hace tomar conciencia de que a esa nefasta lista se ha sumado Colombia.

Ahora como desde hace treinta años necesitamos de la sabiduría del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, de la lucidez en sus luchas y de la dignidad con la que encaran sus detractores; necesitamos sumar voluntades, más Colectivos para que los pueblos a una sola voz reclamen lo que reconoce ese casi desconocido verso del himno nacional: si el Sol alumbra a todos justicia es libertad.

Lía Isabel

Damos testimonio de la lucha fundamental y valiente que las mujeres y hombres del Colectivo han llevado a cabo y siguen realizando por la defensa y vigencia de los derechos humanos en Colombia.

Su acompañamiento constante y firme ha sido de vital importancia para visibilizar graves violaciones a los derechos fundamentales de campesinos, indígenas, afrodescendientes y pobladores urbanos, que de otro modo, no habrían tenido ninguna posibilidad de hacer realidad su derecho a la justicia.

Gracias a su trabajo, muchos poderosos considerados “intocables” están hoy en la cárcel, muchas víctimas han recibido resarcimiento moral y económico por los daños sufridos, y la opinión pública nacional e internacional ha podido conocer la dinámica demencial de la violencia política en ese bello país de intensos contrastes llamado Colombia.

Ustedes, amigos y amigas, nos han acogido en su sede para realizar encuentros con organizaciones no gubernamentales que han actualizado, sobre la realidad colombiana, a distintas delegaciones internacionales por nosotros organizadas; ustedes nos han visitado gentilmente en Italia; ustedes nos han enseñado que se debe insistir, persistir y resistir, que tenemos derecho a sentir miedo, pero no podemos permitir que este nos paralice; ustedes son un ejemplo admirable de cómo se honrar el compromiso con la defensa de la vida y la dignidad.

Reciban nuestro reconocimiento.

RETE ITALIANA DI SOLIDARIETÁ COLOMBIA VIVE

Como recuerda la opinión pública nacional, el 15 de septiembre de 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenó al Estado colombiano por su responsabilidad internacional en la Masacre de Mapiriripán, efectuada con la colaboración de integrantes del Ejército colombiano por las Autodefensas Unidas de Colombia entre el 15 y el 20 de Julio de 1997.

En su sentencia de fondo, la CIDH declaró violados en perjuicio de las víctimas y sus familiares, los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad personal, consagrados en los artículos 4, 5, y 7 de la Convención, aparte de hacer un reconocimiento de los efectos indirectos que produjo este crimen de Lesa Humanidad en una comunidad indefensa, como el desplazamiento y el despojo de sus bienes materiales y su identidad cultural, cuyos enormes daños deben ser reparados integralmente, sin que el número de víctimas sea el parámetro sobre el cual se busque de manera torticera, restar la responsabilidad de los agentes del Estado que intervinieron, como el general Uscátegui, que favoreció la empresa criminal que cegó la vida de un número indeterminado aún, de colombianos y colombianas.

La “Masacre de Mapiripán”, como tantas otras que han ocurrido en el país y que aún permanecen en la impunidad, constituye una grave violación a los derechos humanos por su naturaleza, por los actores implicados, por la sevicia con que se cometió y el terror que generó en la población civil, razón por la cual resulta ofensivo a la dignidad de la Nación y a la verdad histórica de los hechos, que el Procurador insurja ante la opinión pública, conminando a los jueces de la República, que procedan a la revisión de la condena proferida contra el general que propició la masacre y de contera, el Ministro de Defensa en forma cínica salga a decir que dicho ministerio es “una víctimas en este caso”.

Si dentro del legítimo derecho de las víctimas a demandar su reconocimiento, han aparecido accionantes sin serlo, este hecho debe ser establecido e investigado por la autoridad judicial correspondiente, para determinar los móviles y la respectiva responsabilidad penal, la misma que no corresponde adelantar a sus representantes legales, como es el caso del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” que ha representado a numerosas víctimas de crímenes de Estado, en su condición de organización pionera en la defensa de los Derechos Humanos en Colombia, cuya actuación, sin lugar a dudas, se ha caracterizado por una rectitud y una probidad a toda prueba.

Como lo ha manifestado en su pronunciamiento del pasado 31 de octubre, el representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Estado colombiano reconoció expresamente ante la Corte su responsabilidad en la comisión del hecho criminal y, en consecuencia, las verdaderas víctimas de la masacre de Mapiripán, como todas las personas afectadas por las graves violaciones a sus derechos humanos, tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, y es legítimo su derecho de recurrir a los sistemas internacionales y regionales de protección de los derechos humanos, cuando no se realiza el derecho a la justicia en las jurisdicciones nacionales.

Frente a la clara intencionalidad por parte de los medios de comunicación y de altos funcionarios del Estado, de desprestigiar y estigmatizar la labor de defensa de los Derechos Humanos, que organizaciones como el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, ha realizado en Colombia durante ya largos años, expreso mi más decidida y sentida solidaridad en estos momentos, en que es objeto de un oportunismo morboso de los medios de comunicación y de una perversa campaña de la institucionalidad estatal, que busca restar la responsabilidad del Estado colombiano en cientos de crímenes como la Masacre de Mapiripán; así como también formulo el más respetuoso llamado a las organizaciones que integran el Movimiento Popular en el país, a rodear de su apoyo a los destacados juristas que la conforman.

Igualmente me permito formular un llamado al Movimiento Popular y Democrático del país, para estar alerta ante los despropósitos que el conservadurismo reaccionario pretende imponer al Estado Social y Democrático de Derechos que instituyó el Constituyente de 1991, a través de la reforma constitucional a la justicia que se tramita en el Congreso de la República, como es el de revisar los efectos garantistas de la Acción de Tutela, privatizar la administración de justicia, elevar a presunción de constitucionalidad los privilegios espurios del “fuero militar”, a cuyo amparo se podrán suceder -como en otras épocas-, las mayores afrentas a los miles de víctimas de crímenes de Estado, que de prosperar en la táctica del pupitrazo, tal como aconteció el pasado 8 de noviembre en la Plenaria del Senado, quedarán en la impunidad.

Constatamos que estas acusaciones y señalamientos fueron repetidamente realizadas durante el gobierno de Álvaro Uribe no solamente al Colectivo de Abogados sino contra la mayoría de organizaciones de derechos humanos, en una clara campaña de desprestigio de los (as) defensores de derechos humanos de Colombia. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CCAJAR, se ha caracterizado durante treinta años por su trabajo serio, responsable e infatigable en favor de las víctimas, buscando siempre esclarecer la verdad, establecer la justicia y lograr su reparación integral. Su compromiso y accion conjunta con las organizaciones de derechos humanos colombianas ha sido transparente y claro en favor del respeto de los derechos humanos, la superación de la impunidad, la construccion de la paz durable mediante la superación de las causas estructurales que han provocado el conflicto armado en Colombia. El Colectivo de Abogados JAR ha trabajado largamente en el esclarecimiento de la masacre de Mapiripán realizada por grupos paramilitares con el apoyo del Ejercito Nacional ; ante la negligencia del Estado colombiano fue necesaria la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para lograr que este crimen sea investigado y que sus autores sean castigados. En 2005, el gobierno nacional debió reconocer la responsabilidad del Estado, la participación del Ejercito Nacional en la acción y la omisión de los hechos violentos en Mapiripan y lo hizo sobre la base de las pruebas establecidas por la Fiscalía colombiana, organismo que es el único responsable de establecer la veracidad de las pruebas. Rechazamos la acusación de fraude que el gobierno colombiano lanza contra el colectivo de Abogados.

Consideramos que el caso de Mapiripan es utilizado como pretexto para continuar estigmatizando y descalificando el papel de los defensores de derechos humanos ; nos preocupa profundamente que treinta y ocho defensores de derechos humanos (33 hombres y cinco mujeres), por lo menos, hayan sido asesinados o desaparecidos forzadamente durante el primer semestre de este año. La CBC respalda la labor incansable de defensores y defensoras de derechos humanos y solicita a los funcionarios del Estado colombiano de parar toda acusación, estigmatización en su contra ; conmina a que el Estado colombiano asuma toda su responsabilidad en el esclarecimiento de la verdad del caso Mapiripán y respalde las victimas en su búsqueda de justicia, verdad y reparación.

Bruselas, noviembre 2011

*Membres: CENTRE NATIONAL DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT (CNCD) -11 .11 .11 - BROEDERLIJKDELEN - SOLIDARITE SOCIALISTE -SOCIALISTISCHE SOLIDARITEIT (FOS) - COMMISSION INTERNATIONALE POUR LES DROITS DES PEUPLES INDIGÈNES (ICRA) - SERPAJ EUROPA - RED EUROPEA DE COMITES "OSCAR ROMERO"
FIAN BELGIUM - FEDERATION UNIE DE GROUPEMENTS D' ELEVEURS ET D' AGRICULTEURS (FUGEA) - OPERATION MONDE NOUVEAU (OMN) - COMITE POUR LE RESPECT DES DROITS HUMAINS "DANIEL GILLARD" - COMITE POUR L'ANNULATION DE LA DETTE DU TIERS MONDE (CADTM) Observateurs: AMNESTY INTERNATIONAL (VL) (FR) - OIDHACO - PEACE BRIGADES INTERNATIONAL

Es necesario recordar la particular crueldad en la violación a los derechos humanos y quienes han sido los responsables de las mismas.

En julio de 1997, cuando aproximadamente un centenar de paramilitares aterrizaron en el aeropuerto de San José de Guaviare en vuelos irregulares y fueron recogidos por miembros del Ejército. Al llegar a Mapiripán, los paramilitares tomaron control del pueblo, de las comunicaciones y de las oficinas públicas y procedieron a intimidar a sus habitantes. Se identificó a un número de personas como presuntas auxiliares, colaboradores o simpatizantes de las FARC, siendo estas personas torturadas y descuartizadas. [2]

El Estado Colombiano, tiene la obligación de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana sobre DDHH. arts. 1(1) y 2 “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona”, ¿cumplió con su deber general de garantía en Mapiripán? No, quedó demostrado que el Estado, no solo toleró sino hubo una colaboración de manera efectiva de las fuerzas armadas con los paramilitares, involucrando así también agentes estatales, y conformando un conjunto de graves acciones y omisiones que ha conllevado a violaciones de derechos humanos. [3]

Asimismo, la Convención Americana, establece el derecho a la protección judicial, art. 25º, el cual está estrechamente vinculado con el art. 8(1) que consagra el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías judiciales, ¿el Estado Colombiano cumplió luego de la Masacre de Mapiripán con una investigación efectiva dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial contra todos los responsables, he impuso sanciones pertinentes y reparó los perjuicios sufridos? No, el Estado luego de seis años de producida la masacre, condenó a cinco personas, cuando había evidencias que participaron más de 100 personas, toleró la eliminación de ciertas pruebas, como consecuencia de la falta de su control sobre la escena del crimen, no se logró efectuar el levantamiento de cadáveres y determinar la cantidad de víctimas en la masacre; con su aquiescencia se pretendió asignar parte de la investigación a la justicia penal militar, privándose a las víctimas y sus familiares de tener acceso a un tribunal independiente e imparcial y a su reparación [4]

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y CEJIL, ante la tolerancia y colaboración por parte del poder público del Estado para mantener la impunidad frente a dichas atrocidades, presentan la petición a Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de fecha 15 de setiembre el 2005, estableció como responsable al Estado colombiano, por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de cierto número de víctimas – que el propio Estado mencionó como “aproximadamente 49” [5]. Anterior a la sentencia, el 05 de marzo de 2005, el Estado ya había reconocido su responsabilidad internacional.

Solicitamos una investigación oportuna, eficiente e independiente frente a la posible falsedad en la declaración testimonial durante los procesos nacionales e internacionales, sin embargo consideramos de manera categórica que este hecho de ninguna manera puede ser utilizado para intentar desviar las investigaciones ni las responsabilidades de civiles y militares y del propio Estado en este caso.

Nos unimos a las manifestación de preocupación de las organizaciones sociales, organizaciones internacionales y la sociedad Colombiana, y expresamos nuestra solidaridad con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y sus integrantes, así como con las organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia, quienes desarrollan un trabajo en defensa de los derechos de las víctimas frente a las graves violaciones a sus derechos humanos.

Exigimos al Estado colombiano proteger la vida e integridad de estas organizaciones objeto de amenaza así como las garantías materiales y políticas para que continúen en su ejercicio por la defensa de los derechos humanos, además solicitamos no estigmatizar su trabajo, lo cual pone en riesgo la vida de sus integrantes.

La masacre de Mapiripán, constituye un terrible ejemplo de las violaciones a los derechos humanos que grupos armados realizan contra la población civil en Colombia con el fin de sembrar terror y producir su desplazamiento, estas violaciones graves, flagrantes y constantes siguen reproduciéndose, y continúan en total impunidad.

CLADEM

08.11.2011

[1] Articulación regional feminista, dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la mujer, que agrupa a organizaciones no gubernamentales en 14 países de la región. Contamos con Status Consultivo en la categoría II ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas desde el año 1995 y en UNESCO desde mayo de 2011. Organización galardonada internacionalmente en marzo del 2009 con el Premio Rey de España a los Derechos Humanos en su Tercera Edición y en el año 2010 con el Premio Gruber a los Derechos Humanos de las mujeres.

[2] Según la Fiscalía General de la Nación, el Ejército colombiano permitió el aterrizaje de las aeronaves que transportaban a dichos paramilitares, sin practicar ningún tipo de registro o anotación en los libros, y que abordaran libremente los camiones que allí esperaban al grupo, “como si se tratara de una operación militar, exceptuada habitualmente de este control Los paramilitares permanecieron en Mapiripán desde el 15 hasta el 20 de julio de 1997, lapso durante el cual impidieron la libre circulación a los habitantes de dicho municipio, y torturaron, desmembraron, desvisceraron y degollaron a personas y arrojaron sus restos al río Guaviare. La Fiscalía General de la Nación concluyó que integrantes del Ejército, exhibieron completa inactividad funcional y operativa a pesar de tener conocimiento sobre la masacre. Corte IDH. Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia. Sentencia de 15 septiembre de 2005. Párrs 96.31, 96.35,96.38 y 96.39

[3] Ídem, Párrs 120 y 121

[4] Ídem, Párrs 205, 235, 227,

[5] Ídem párr. 138

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo adelanta junto a las organizaciones del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia y otras organizaciones de juristas importantes, luchas en favor de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres, torturas y otros, a fin de que se garanticen sus derechos a la verdad, la justicia y reparación integral.

Solicitamos al Gobierno Nacional y a las demás autoridades colombianas las garantías plenas para el ejercicio profesional de los/as juristas comprometidos con las víctimas y su pronunciamiento sobre estos condenables hechos.

Al colectivo José Alvear Restrepo nuestro reconocimiento, solidaridad y apoyo en todo su trabajo.

Madrid, a 14 de Noviembre de 2011

* La Plataforma está integrada por 50 organizaciones del Estado español agrupadas en las siguientes entidades: Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, Coordinadora Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, Justicia por Colombia, Colectiva Colombia, Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia, Plataforma Andaluza de Solidaridad con Colombia, Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia y Soldepaz-Pachakuti.

Somos testigos excepcionales de la barbarie que se ha cometido contra los habitantes de esta región del país. Nosotros, los integrantes del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, también somos víctimas de esa vorágine de sangre y persecución que se emprendió contra defensores y defensoras de derechos humanos, contra líderes sociales, campesinos e integrantes de comunidades étnicas o de diversidad sexual y finalmente contra comunidades enteras como la de Mapiripán, sometida por una semana a los vejámenes y sufrimientos infligidos por los grupos paramilitares con la abierta colaboración, ayuda y fautoría de miembros del Ejército Nacional.

Por lo anterior y en nuestra condición de víctimas de la ignominiosa tragedia sufrida por los habitantes de esta región del país, les reiteramos nuestro reconocimiento de admiración, aprecio y gratitud, por su trabajo denodado en defensa de los derechos humanos, la vida y la dignidad de las víctimas. Su compromiso no está ni estará en cuestión, son por el contrario espíritus aventajados que con su ejemplo señalan un futuro de derechos, en otro mundo posible, lleno de vida y dignidad.

No es difícil advertir que con esa campaña oficial y mediática de desprestigio contra el CAJAR, se agrede a todo el movimiento de derechos humanos, a las víctimas y movimientos sociales que luchan por sus derechos, mientras se aprueban leyes y reformas constitucionales que retroceden los derechos y se aprueba el fuero militar como patente de impunidad en favor de los miembros de la Fuerza Pública que cometan actos violatorios de los derechos humanos.

En ese contexto entendemos esta agresión que sufrimos como propia, que asimilamos y denunciamos como un hecho más que constata el sesgo parainstitucional del Estado colombiano, capaz de alegar en su favor sus propios errores y de endilgarle a los defensores de derechos humanos las torpezas de su propia incapacidad.

Reciban pues todo nuestro apoyo, solidaridad y acompañamiento, y como nunca estarán solos en esta lucha, sientan el abrazo fraterno de miles y millones hombres y mujeres que se sienten reivindicados en su trabajo y que como ustedes, sueñan un mundo mejor y trabajan por hacerlo realidad.

Atentamente,

ISLENA REY RODRIGUEZ Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta islena.rey@hotmail.com

SANDRA MAZO Católicas por el Derecho a Decidir Colombia cdd_colombia@yahoo.com

EUGENIO GUERRERO Corporación de Apoyo a Comunidades Populares, CODACOP euyegue@yahoo.com

In the letter, CCR urges President Santos to abstain from issuing statements that delegitimize the work of human rights defenders, including lawyers from the Colombia-based José Alvear Restrepo Lawyers' Collective, an organization already targeted because of its human rights activism. The Mapiripán massacre is undisputed and the Colombian government has acknowledged its role in the many atrocities committed by paramilitary forces. CCR concludes the letter by asking President Santos to recognize his administration's obligation to investigate human rights violations, assume full responsibility for the identification of all victims of the crimes committed in Mapiripán, and publicly support the important role of the Inter-American Human Rights System.

Carta en Inglés

Las organizaciones de mujeres y de derechos humanos exigen un mensaje claro y de celeridad en la investigación y proceso judicial ante la denuncia de trabajadora del Programa Presidencial de D.H, víctima de delitos sexuales por el responsable de políticas del mismo programa.

Ante los hechos que se presentaron en días pasados, relacionados con la denuncia presentada por Lina María Castro, trabajadora del área de comunicaciones del Programa Presidencial de Derechos Humanos, contra el señor Tomás Concha Sanz responsable de Políticas del mismo programa, por delitos sexuales, y las subsiguientes declaraciones del señor Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, las organizaciones de mujeres y de derechos humanos firmantes exigimos acciones inmediatas del Gobierno Nacional y de la justicia colombiana, que envíen a la opinión pública un mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres .

Parte de ese mensaje deberá expresarse en la solicitud a quien corresponda de cancelación inmediata del contrato de Tomás Concha Sanz mientras concluye el proceso penal en su contra por el delito sexual que se le ha imputado. Asimismo, la respuesta pronta, efectiva e imparcial de la administración de justicia deberá ser parte de dicho mensaje.

Respetuosamente, nos permitimos informar que como organizaciones hemos tomado la decisión de no tener ninguna interlocución con un funcionario o contratista del Estado sobre el cual se esté adelantando una investigación en las circunstancias antes descritas.

Consideramos preciso señalar que la reacción oficial, materializada en las declaraciones del señor Vicepresidente de la República en su comunicado del 12 de noviembre, en el que textualmente se lee: “Reitera su total respeto a las relaciones sentimentales y familiares que se dan al interior de las entidades públicas y privadas, y a lo único que aspira es que los conflictos que a veces surgen en las mismas no deterioren las relaciones laborales o la credibilidad de las instituciones”[1][1], le restan credibilidad a la víctima que valientemente acudió ante las autoridades competentes para denunciar los hechos y quien, de manera clara, indicó que se trataba de una situación de violencia y de abuso de poder en el ámbito laboral.

De igual manera, sin que el término legal para presentar la denuncia haya prescrito, el Vicepresidente cuestiona a Lina María Castro por la demora en denunciar, alentando de esta forma un arraigado imaginario social que tiende a cuestionar y sancionar a las víctimas de violencia sexual en lugar de a la persona denunciada, sin tomar en consideración las graves afectaciones que estas acciones delictivas generan en la psiquis de la persona afectada y en los esfuerzos desplegados a fin de lograr que las mujeres víctimas de delitos sexuales procedan a denunciar sus casos. Circunstancias ampliamente conocidas por las personas que trabajan en derechos humanos y de las cuales debería tener pleno conocimiento el Vicepresidente, quien dirige el proceso de construcción de política pública nacional de derechos humanos.

Rechazamos que el gobierno colombiano habiendo tenido conocimiento de la denuncia de Lina María Castro por violencia sexual, contra el señor Concha, haya delegado en él la representación del Estado colombiano en la audiencia pública ante la ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH— sobre violencias contra las mujeres en Colombia que tuvo lugar el 27 de octubre del año en curso.

Conocemos perfectamente el lugar y poder del señor Concha por ello, las afirmaciones del Vicepresidente y del señor Concha en el sentido de que no existe relación de mando entre ellos ni respecto de la denunciante, debido a la contratación por prestación de servicios, son argumentos que hablan de una formalidad que no tiene correspondencia alguna con la realidad. Por todas y todos es conocida la existencia de jerarquía en las relaciones laborales con este tipo de contratos, de manera que, reconociendo la capacidad de discernimiento de colombianos y colombianas, no es admisible que el señor Vicepresidente afirme que no puede solicitar la finalización del contrato[2][2], a menos que debamos asumir entonces que el gobierno colombiano no tiene ninguna autoridad frente a sus contratistas cuando éstos están financiados por la cooperación internacional.

Por lo anterior, las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, exigimos que el gobierno nacional se pronuncie respecto de los anteriores hechos de manera que quede claro para la opinión pública su mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. En el mismo sentido, reiteramos que el Gobierno está llamado a realizar las gestiones correspondientes para que sea cancelado el contrato del Señor Concha y los órganos de justicia a investigar y sancionar las conductas penales denunciadas por Lina María Castro

Suscriben:

Alianza de Organizaciones Sociales y Afines

Los contenidos de una reunión sostenida el pasado viernes 5 de noviembre con integrantes del gobierno nacional en Bogotá y delegados de los consejos comunitarios de Curbaradó y Jiguamiandó se encuentran en poder de los grupos paramilitares que operan en esta región del país.

El pasado jueves, Raúl Palacio Salas, uno de los líderes de la comunidad negra se vio obligado a salir presurosamente de la región, debido a que los paramilitares conocieron los contenidos de las operaciones que denunció ante funcionarios de Min Interior y Min de Defensa.

El líder afrodescendiente manifestó ante el gobierno nacional que las operaciones paramilitares se están desarrollando con la anuencia de la brigada 17. Raúl reiteró, además, lo que es de público conocimiento, que las siembras de coca y la instalación de campamentos para el procesamiento de cocaína, el ingreso y el transporte de insumos como la salida de cocaína, ocurre en medio de puestos de control policial y militar.

Los paramilitares le enviaron a Raúl en la tarde del miércoles el mensaje que debía reunirse con ellos al día siguiente para dar cuenta de las afirmaciones que realizó en la ciudad de Bogotá. Sostuvieron que no podría desmentirse pues en su poder se encontraba un video.

La filtración del diálogo sostenido entre el gobierno nacional con los líderes generó una preocupación mayor a varios de los integrantes de los consejos comunitarios. “Es evidente que no hay garantías, la fuerza pública actúa con sectores de la ilegalidad”, para uno de ellos.

“Ya no sabemos, qué hacer”, para las comunidades es evidente que es inexistente un plan de protección y de enfrentamiento a las estructuras paramilitares. Hoy estas desarrollan el control social político y económico entre Carmen del Darién, Belén de Bajirá y Mutatá.

Desde abril a la fecha los paramilitares han asesinado y desaparecido forzosamente a cuatro integrantes de los consejos comunitarios que exigen la devolución de la propiedad colectiva, en la actualidad 37 de las voceras y voceros de las comunidades se encuentran amenazados y varias familias han sido obligadas a desplazarse.

Más muestras del descaro de las operaciones paramilitares se han constatado.

Durante varias horas, el pasado 6 de noviembre, sobre el río Curbaradó, entre los poblados de El Guamo y Caño Claro, al mando del reconocido José de La Cruz Moya, conocido como “El Cucho” se instaló un retén que imposibilitó el transporte de bienes y de personas.

Ese mismo día un grupo de 50 paramilitares fueron observados movilizándose en dirección a la Zona Humanitaria “El Tesoro” donde habitan familias de los consejos comunitarios de Curbaradó.

El pasado 10 de noviembre un grupo de paramilitares en el punto conocido como Zapayal abordó a varios habitantes de los consejos comunitarios de Jiguamiandó que habitan en la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza, estos asumieron el riesgo de huir entre la frondosa selva.

Ayer un grupo de paramilitares con armas largas cruzó al lado de la Zona Humanitaria El Tesoro en Curbaradó. Hoy se conoció que este grupo levantó su campamento muy cerca del lugar de refugio humanitario.

Hoy se ha escuchado el sobrevuelo de helicópteros sobre el caserío de Santa Rosa de El Limón, donde desde abril pasado, los paramilitares han sembrado más de 70 hectáreas de coca e instalado por lo menos dos laboratorios de cocaína.

Las operaciones armadas y agresiones se realizan incluso por los grupos armados que protegen a empresarios ocupantes de mala fe. José Builtrago Alzate, trabajador de la familia Argote, propietaria de la empresa ganadera La Tukeka, ocupantes de mala fe de predios en Caracolí, territorio de Curbaradó, amenazó nuevamente a la lideresa Liria Rosa García. A Liria además de la amenaza el trabajador de los ocupantes de mala fe le tomó una fotografía.

Los efectivos de la brigada 17 se negaron a actuar a pesar de la evidente amenaza, uno de ellos, registró en su cámara a Liria Rosa.

A pesar de las reuniones al más alto nivel de gobierno, del conocimiento permanente de la situación de riesgo por la que atraviesan las y los integrantes de los consejos comunitarios de Curbaradó y Jiguamiandó, el gobierno no ha adoptado medidas eficaces de enfrentamiento del paramilitarismo, la complicidad de la brigada 17 es evidente.

Tampoco el gobierno ha adoptado medidas pertinentes para proteger los derechos a la tierra de las comunidades negras, como lo contempla el auto de la Corte Constitucional de mayo y de diciembre de 2010. Las siembras de banano por invasores que indican que están protegidos por empresarios de Banacol y por paramilitares; los semilleros de palma de aceite, y la continuidad de operaciones ganaderas en contra de derecho son la manifestación de tal desconocimiento.

Bogotá, D.C. noviembre 14 de 2011

Más información Constancia

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la persistencia de operaciones paramilitares que están demostrando la ausencia de garantías para la debida devolución formal de la propiedad colectiva arrebatada por operaciones paramilitares en 1996 con el llamado “septiembre negro”, en cabeza del general ® RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS...

JUAN MANUEL SANTOS

Defensor Nacional del Pueblo

Ref: Video de reunión con el gobierno nacional en poder de paramilitares

"Estarás hueco. Te vaciaremos y te rellenaremos de... nosotros." 1984 George Orwell

Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la persistencia de operaciones paramilitares que están demostrando la ausencia de garantías para la debida devolución formal de la propiedad colectiva arrebatada por operaciones paramilitares en 1996 con el llamado “septiembre negro”, en cabeza del general ® RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS, que se ha sostenido hasta el día de hoy con los mismos propósitos y a través de diversas técnicas y mecanismos de legalización del despojo y de definición del uso de la tierra y de la riqueza cultural y biológica que ha sido el Cubaradó y Jiguamiandó.

Los paramilitares han logrado acceder a información confidencial entre delegados de los consejos comunitarios y el gobierno nacional en la que algunos líderes, uno de ellos, RAÚL PALACIOS SALAS, en particular, de manera explícita manifestó sus preocupaciones por las actuaciones omisivas, cuando no cómplices de la brigada 17 y la policía de Urabá, el ingreso de insumos y el transporte de cocaína en medio de retenes de control de la fuerza pública.

Dicha denuncia, realizada a puerta cerrada fue grabada y sus contenidos llegaron a manos de paramilitares quienes le citaron para dar cuentas de lo que ha dicho. Cómo se explica tal situación? Qué garantías puede existir, si lo dicho en la ciudad de Bogotá, el pasado 4 de noviembre menos de 5 días después es de conocimiento de los paramilitares?

Pero no bastan, tales situaciones, tan aparentemente extrañas, para constatar la ausencia de garantías. Continúan personas, una de ellas, con detención domiciliaria adelantando los preparativos para realizar nuevas ocupaciones de mala fe con 175 familias, según expresan, en predios colectivos de Jiguamiandó. A pesar del acuerdo en que el gobierno asumió el compromiso de resolver el desalojo de los ocupantes de mala fe en Camelias ninguna medida se ha adoptado de manera eficaz.

Al tiempo los paramilitares se movilizan como “Águilas Negras”, como “Rastrojos”, como “Autodefensas Gaitanistas” ubicando campamentos cerca de las Zonas Humanitarias de Curbaradó y Jiguamiandó y en el día de hoy se conoció que guerrilleros de las FARC EP, luego de mucho tiempo de ausencia, aguas abajo por el río Jiguamiandó. Ante ustedes nuestra Constancia Histórica ante la siguiente fundamentación fáctica.

*Domingo 6 de noviembre desde las 6:00 a.m. sobre el río Curbaradó aguas abajo, entre El Guamo y Caño Claro, territorio de Curbaradó, se instaló un reten paramilitar.

En el retén se observó la presencia del reconocido paramilitar JOSÉ DE LA CRUZ MOYA, conocido como “El Cucho”, y paramilitares de Belén de Bajirá.

Luego de más de dos horas de permanencia en este punto sobre el río se trasladaron a otro lugar.

*Domingo 6 de noviembre hacia las 6:30 a.m. por el río Caño Claro, a 30 minutos a pie de la Zona Humanitaria El Tesoro, territorio colectivo de Curbaradó, sobre el río Curbaradó, aproximadamente 50 paramilitares vestidos de camuflado, con armas largas y cortas, se dirigían hacia el espacio humanitario de familias de los consejos comunitarios.

*Domingo 6 de noviembre hacia las 11:00 a.m. FERMÍN MARTÍNEZ conocido como “Pirulito” se acercó a la Zona Humanitaria Camelias El Tesoro, en territorio colectivo de Curbaradó, al parecer en estado de embriaguez.

El ocupante de mala fe de predios de la familia VALENCIA, integrante del consejo comunitario, aseguró que tenía gente para matar y en particular se refirió con ordenar el asesinato a la lideresa MARÍA LIGIA CHAVERRA.

MARTÍNEZ no ha sido reconocido como habitante ancestral del territorio en el primer anillo de censo levantado por el gobierno nacional

*Lunes 7 de noviembre en horas de la mañana integrantes del consejo comunitario de Caracolí, Curbaradó, que se encontraban realizando trabajos de delimitación de los predios del título individual La Esperanza de los empresarios ganaderos de la familia ARGOTE, fueron abordados por el administrador JOSÉ BUITRAGO ALZATE.

BUITRAGO les registró fotográficamente y luego señaló a la lideresa, LIRIA ROSA GARCÍA, integrante del consejo comunitario de Caracolí y habitante de la Zona Humanitaria.

También fueron fotografiados por un soldado de la brigada 17 encargado de brindar protección en el área de Caracolí. Cuando los integrantes del consejo comunitario exigieron explicaciones, un militar respondió que era parte de sus labores.

Los empresarios ARGOTE, más allá de sus propiedades individuales, han ocupado de mala fe los predios de los habitantes del consejo comunitario de Caracolí, luego de las operaciones paramilitares. Esta familia empresarial no se encuentra ni investigada ni sancionada por los múltiples atropellos contra integrantes del consejo comunitario ni por haber conformado un grupo armado con consentimiento de la brigada. Este grupo ha actuado violentamente contra los legales y legítimos dueños del territorio, incluso con violencia sexual contra las mujeres lideresas.

*Martes 8 de octubre hacia las 7:00 a.m. en el punto conocida Las Menas, Curbaradó, ingresó un automotor con diez personas, entre ellas, MANUEL GREGORIO DENIS, quien actualmente tiene detención domiciliaria.

Las personas midieron dos propiedades de las familias MALDONADO y GALINDO, familias del Consejo Menor de Nueva Esperanza en territorio colectivo de Jiguamiandó. Las tierras que pretenden ser parceladas serian entregadas a 175 familias para implementar proyectos de plátano.

En menos de 15 días, DENIS se encuentra en actividades abusivas y arbitrarias, a pesar que él se encuentra privado de la libertad legalmente.

*Miércoles 9 de noviembre hacia las 3:55 p.m. el líder RAÚL PALACIO SALAS, miembro del consejo comunitario de Caracolí, habitante de la Zona Humanitaria, recibió el mensaje de los paramilitares, quienes lo estaban buscando para resolver un problema que tenía con ellos.

De acuerdo con la fuente, DARÍO RENTERÍA, un paramilitar de las “Águilas Negras”, lo debía llevar hasta donde su mando, en Tierradentro, Belén de Bajirá, para aclarar sus denuncias. El mando paramilitar tenía en su poder un video de la reunión sostenida el pasado 4 de noviembre entre delegados de las comunidades y el gobierno nacional en Bogotá. En este aparece RAÚL denunciando las operaciones consentidas por la brigada 17, entre otros, la presencia de cultivos, laboratorios de cocaína, y el transporte protegidos por paramilitares en presencia de la brigada 17 y de la policía de Belén de Bajirá.

*Jueves 10 de noviembre en horas de la mañana, ALBERTO PALACIOS, integrante de los consejos comunitarios de Jiguamiandó, y habitante de la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza fue abordado por paramilitares cuando se encontraba trabajando cerca del río Zapayal.

El afrocolombiano fue llamado por su nombre por un grupo de 15 paramilitares vestidos de civil y portando armas largas, entre ellas, el reconocido con el alias “El Mono”.

ALBERTO logró escapar en medio de la espesa selva y llegó a la Zona Humanitaria en donde se refugió.

*Viernes 11 de noviembre hacia las 10:00 a.m. 20 paramilitares armados y con camuflados cruzaron por predios de un integrante del consejos comunitario de Caño Manso, en territorio colectivo de Curbaradó. La propiedad está ubicada a 30 minutos de la Zona Humanitaria de Caño Manso.

*Viernes 11 de noviembre hacia las 6:30 p.m, ingresaron a la Zona Humanitaria El Tesoro en territorio colectivo de Curbaradó aproximadamente 30 paramilitares de las “Autodefensas Gaitanistas”, armados y con camuflados.

Afirmaron que conocían que sabían de personas que colaboraban con los paramilitares "Rastrojos”, les advirtieron que esperaban que ninguno de la Zona Humanitaria se involucrara con ellos.

Los paramilitares permanecieron cinco minutos dentro de la Zona Humanitaria, a pesar de que la comunidad manifestó que estaban en un lugar exclusivo de población civil.

*Sábado 12 de noviembre en horas de la mañana paso un grupo de paramilitares armados, a 20 metros de una Zona de Biodiversidad en Andalucía, territorio colectivo de Curbaradó.

De acuerdo con testigos, el grupo subió en horas de la mañana hacia Las Menas, y en la tarde se movió en dirección a la Zona Humanitaria el Tesoro.

*Sábado 12 de noviembre nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció en horas de la tared, que un grupo de paramilitares de las “Águilas Negras” estuvieron preguntando por el lider comunitario BENJAMÍN SIERRA, integrante del consejo comunitario de Nueva Esperanza, Jiguamiandó.

*Domingo 13 de noviembre a las 10:00 a.m. aproximadamente un grupo de 10 hombres, con camuflados, armas largas, de los paramilitares pasaron por los límites de la Zona Humanitaria El Tesoro, sobre el río Caño Claro en dirección al río Curbaradó..

*Lunes 14 de noviembre a las 9:00 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá tuvo conocimiento que un grupo de paramilitares ubicó su campamento a menos de un kilómetro de la Zona Humanitaria El Tesoro, Curbaradó, en dirección a Gengadó medio.

Ese día en Apartadó se conoció que en la reunión convocada por el gobierno para estudiar la metodología de identificación de los habitantes en Curbaradó y Jiguamiandó que se encuentran desplazados en los cascos urbanos del eje bananero en el Urabá, se hizo presente GUSTAVO MARTÍNEZ. MARTÍNEZ, de acuerdo con testigos, ha participado en operaciones de tipo paramilitar trabajando al lado del reconocido PEDRO TORDECILLAS, partícipe en la masacre de octubre de 1996. MARTÍNEZ ha participado en operaciones de la brigada 17 donde se ha ejecutado extrajudicialmente a civiles.

Nuestra Censura Ética ante la situación reprochable que exige una acción investigativa exhaustiva y de sanción pues debe darse razón de cómo paramilitares logran acceder a información que se encuentra en instancias del poder gubernamental en las entidades centrales; información confidencial que se expresa con transparencia y absoluta confianza por parte de las víctimas del despojo, y que hoy dejan en alto riesgo la vida e integridad de RAÚL PALACIOS SALAS, connotado líder de las comunidades negras.

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de medidas eficaces que eviten la continuidad de la ocupación de mala fe en nuevas áreas de los territorios colectivos; ante la ausencia de medidas por parte de entes territoriales como Codechocó que permanecen impávidos ante los nuevos daños ambientales; ante las autoridades locales y nacionales que parecen convidados de piedra o que son burlados por las actuaciones de hecho de sectores que aún se continúan beneficiando del paramilitarismo o en que estás actúan como protectores; o por decisiones de entes de investigación penal que no toman ninguna decisión frente a la continuidad de abusos y actuaciones irregulares, y contra derecho de GREGORIO BLANDÓN DENIS.

Nuestra Censura Ética ante la continuidad de operaciones empresariales que vienen definiendo el uso del territorio en siembras de coca, ganadería extensiva, palma, banano, sin el consentimiento de los legítimos y legales propietarios del territorio, y obstaculizando los propósitos del auto de la Corte Constitucional

En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional solicitamos respetuosamente se nos informe, de acuerdo a sus competencias, que medidas específicas y precisas, se van adoptar

1. Respecto al esclarecimiento y sanción de los responsables de haber entregado un video de una reunión confidencial a los paramilitares?

2. Respecto a la presencia permanente de paramilitares en el punto conocido como Tierra Dentro en Belén de Bajirá? En qué tiempo se tendrán resultados?

3. Respecto a la vida e integridad de RAÚL PALACIO SALAS qué medidas concretas, verificables al haber rechazado y denunciado las operaciones paramilitares?

4. Respecto al desconocimiento del régimen penitenciario por parte de GREGORIO BLANDÓN DENIS, que infringe la detención domiciliaria, actuando a nombre de empresarios que se han beneficiado del paramilitarismo, GABRIEL JAIME SIERRA, qué medidas investigativas y sancionatorias de van a adoptar?

5. Respecto al incumplimiento en el desalojo de los ocupantes de mala fe, invasores, desde diciembre pasado y la consolidación de su asentamiento en predios colectivos de Caracoli y los anuncios de ocupación de mala fe e invasión por parte de 175 familias, qué medidas, en qué tiempo se va adoptar para evitar estos propósitos de sectores empresariales?

Con profunda preocupación,

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.