Tal y como lo indica en una carta enviada en días pasados al saliente presidente Álvaro Uribe Vélez y al electo Juan Manuel Santos, Pérez “tuvo que exiliarse a Bélgica en abril del 2002, como consecuencia de las graves amenazas que había recibido en Colombia”, las mismas que hicieron que posteriormente tuviera que desplazar también a su familia.

La carta, enviada en nombre de Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH, les insta además, para que de conformidad a sus obligaciones internacionales y regionales en materia de derechos humanos, en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de las Naciones Unidas de 1998, velen por la seguridad y protección de Pérez, tanto física como psicológica a su llegada a Colombia como durante toda su estadía en el mismo.

Por considerarla de importancia transcribimos a continuación dicha misiva.

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Colombia

Carta abierta

Regreso de Luis Guillermo Pérez Casas, Secretario General de la FIDH a Colombia : La FIDH llama las autoridades colombianas a velar por su protección

Sr. Alvaro Uribe Vélez, Presidente de la República de Colombia Sr. Juan Manuel Santos, nuevo Presidente electo de la República de Colombia Sr. Fabio Valencia Cossio, Ministro del Interior de la República de Colombia Sr. Guillermo Mendoza Diago, Fiscal General de la República de Colombia Sr. Jaime Alberto Arrubla Paucar, Presidente de la Corte Suprema de Colombia París, 20 de julio de 2010

Sus Excelencias,

Después de varios años de exilio, el Secretario General de la FIDH ha decidido regresar a Colombia a finales de este mes, a fin de reintegrarse al Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo' (CCAJAR), organización miembro de la FIDH en Colombia, para dedicarse en su calidad de víctima y en representación de la FIDH, como parte civil en los procesos que se adelantan contra funcionarios del gobierno del Presidente Uribe adscritos al DAS, por toda la persecución desatada contra los defensores de derechos humanos, contra magistrados de la Corte Constitucional y contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, además de periodistas y miembros de la oposición política, como contra ONG internacionales (ver informe de la FIDH sobre las actividades ilegales del DAS, mayo 2010).

El Sr. Luis Guillermo Pérez Casas tuvo que exiliarse a Bélgica en abril del 2002, como consecuencia de las graves amenazas que había recibido en Colombia. Posteriormente, tuvo que sacar también a demás miembros de su familia del país por la continuación de las amenazas en su contra.

Les instamos, por lo tanto, y de conformidad con sus obligaciones internacionales y regionales en materia de derechos humanos, en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de las Naciones Unidas de 1998 sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, así como los lineamientos de la OEA sobre defensores de derechos humanos (AG/Res 2280), que protegen a los defensores de derechos humanos, a que velen por su seguridad y la protección de su vida e integridad personal tanto física como psicológica a su llegada a Colombia como durante toda su estadía en el mismo.

El 9 de julio de 2010, el CCAJAR introdujo una solicitud de protección individual, para Luis Guillermo Pérez Casas, y colectiva, para el CCAJAR, ante el Ministerio del Interior y de Justicia en el marco del Programa de Protección de Derechos Humanos. Parte de esta petición ya ha sido aceptada. La FIDH llama las autoridades colombianas a aceptar las demás medidas solicitadas a lo más breve.

Por último, se ha verificado que el DAS sigue teniendo y recopilando información en contra de distintas personas, entre las cuales Luis Guillermo Pérez Casas y su familia : tras una petición formal de la FIDH a través del CCAJAR , el 13 de mayo del presente año, el DAS respondió a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que el DAS tiene información en contra del Secretario General de la FIDH. La FIDH llama las autoridades a que cese el espionaje en contra del Sr. Pérez, y que les sean entregados todos los documentos conteniendo información sobre él y su familia que hayan recopilado los distintos órganos de inteligencia estatal.

La FIDH insiste ante las distintas autoridades del Estado colombiano para que se respete plenamente la labor de los y las defensoras de derechos humanos, que se reconozca su labor como imprescindible en una democracia para contribuir a la vigencia de los derechos fundamentales y la superación de la impunidad. La FIDH hace responsable a las más altas autoridades del Estado colombiano de la seguridad y de la integridad física de nuestro Secretario General.

Agradeciéndoles por su atención y diligencia, les saludamos muy respetuosamente,

Souhayr Belhassen Presidenta de la FIDH

Con copia a:

Sr. Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos Sr. Christian Salazar Volkmann, Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia Sr. Fernando Cardesa García, Embajador- Jefe de la Delegación de la Comisión Europea para Colombia y Ecuador y Sres embajadores de los Estados miembro de la Unión Europea en Colombia Sr. William R. Brownfield, Embajador de los Estados Unidos en Colombia Sr. Valdemar Carneiro Leão, Embajador de Brasil en Colombia Sr. Martín Antonio Blaza, Embajador de Argentina en Colombia

Contactos : Karine Appy/Fabien Maitre : + 33 1 43 55 14 12 / + 33 1 43 55 90 19
— Karine Appy Attachée de presse Press Officer FIDH 17 passage de la main d'or 75011 Paris France Tél : 00 33 1 43 55 14 12 / 00 33 6 48 05 91 57 Fax : 00 33 1 43 55 18 80 http://www.fidh.org

Primero fue la Sala Penal de la Corte la que introdujo el dedo en la llaga, al poner en evidencia cómo la coalición de Gobierno suscribió un pacto de “refundación de la Patria” con grupos paramilitares y empresarios regionales, que fue la plataforma que permitió la llegada al Congreso de la República a los líderes políticos y la formulación de Ley de Justicia y Paz, que sirvió de marco legal a la desmovilización de los paras, una norma de punto final que permitía la imposición de penas de hasta ocho años por delitos de lesa humanidad.

Para la Corporación, la firma de los llamados pactos de Chivolo (Magdalena) y Ralito (Córdoba) fueron la prueba palpable de la manera mancomunada como los congresistas y las Autodefensas terminaron ejerciendo sus labores de legisladores y actores armados contrainsurgentes, respectivamente, en favor de la imposición de un orden social, político y económico que, al parecer, se configuraba mediante la llegada del uribismo al poder.

Uno a uno fueron cayendo los parlamentarios adscritos a la coalición gobernante, tras las investigaciones de la Sala Penal; más del 35 por ciento de los congresistas elegidos en 2002 y 2006 estaban siendo procesados, incluyendo a algunos de los que reemplazaron a los que ya habían sido llamados a juicio, lo que empezó a generar los primeros rifirrafes entre el jefe del Estado y la Rama Judicial, una relación que en el papel no generó mayores sobresaltos hasta 2006, pero que años después se rompería casi por completo.

El ex director de Inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Rafael García, empezó a dar las primeras puntadas de lo que sería el mayor escándalo de infiltración del crimen organizado en ese organismo de inteligencia que, cabe anotar, actuaba bajo órdenes de Presidencia; la llegada de Mario Iguarán a la Fiscalía fue transformando ese panorama de aparente impunidad que pareció dejar Luis Camilo Osorio, en tanto que la Justicia empezaba a recopilar las primeras fichas del rompecabezas con la acusación en contra de Jorge Noguera Cotes.

Mientras el país reconstruía la historia de cómo el paramilitarismo hizo del DAS su propia unidad operativa para reprimir la actividad sindical, la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la oposición al Gobierno, la Corte seguía descubriendo los nexos del paramilitarismo con dirigentes afines al uribismo, hasta llegar al más cercano de los colaboradores del Presidente, Mario de Jesús Uribe Escobar, quien además de ser el primo del estadista fue su eterno coequipero político.

Fue Uribe Escobar quien al lado del primer mandatario fundó el Partido Colombia Democrática y quien al parecer conocía sus más íntimos secretos, pues él mismo llegó a admitir que no había nada que entre los dos se pudieran ocultar; de ahí que la investigación en contra del ex senador generara tan viscerales reacciones por parte del mandatario, que derivaron en una verdadera batalla campal con el magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema, César Julio Valencia Copete, entonces presidente de la Corporación.

El alto funcionario señaló ante los medios de comunicación que el Presidente Uribe lo había llamado para pedirle explicaciones frente al caso de su primo hermano, versión que no sólo fue rechazada tajantemente por parte de Uribe Vélez sino que motivó una denuncia que aquel interpuso ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por injuria y calumnia; dos veces fue convocado el magistrado para conciliar con el accionante, petición que fue coadyuvada por su defensor , pero que nunca fue aceptada por Valencia.

Por la misma época y casi sin proponérselo fue el propio Presidente quien empezó a poner en evidencia los seguimientos irregulares en contra de la Corte, al expresar en una entrevista radial que tenía certeza de que el magistrado auxiliar de la Sala Penal, Iván Velásquez, se “emborrachaba” con los testigos de cada proceso, cuestionando el hecho de que el llamado investigador estrella de la parapolítica tuviera ese tipo de actuaciones.

“Aquí lo que hay es una reacción contra el tráfico de testigos (...) Aquí ha pasado desapercibido, como que no importara, que algún investigador de la Corte haga tráfico con testigos o se emborrache con ellos, en diligencias", dijo Uribe luego del archivo de la investigación en contra de Velásquez, quien había sido acusado de persuadir al desmovilizado paramilitar José Orlando Moncada Zapata, alias “Tasmania”, para que declarara en contra del Presidente.

El ex paramilitar se retractó de esta versión y advirtió que el funcionario judicial nunca lo instó a manifestar que el estadista era quien le había ordenado asesinar a un ex paramilitar que, al parecer, pudo haberlo perjudicado.

Las palabras del primer mandatario en una rueda de prensa, poco antes de partir hacia los Estados Unidos para continuar con el lobby al Tratado de Libre Comercio, TLC, terminaron siendo la soga invisible alrededor del cuello del uribismo, cuando fue él mismo quien alertó al país sobre la existencia de una información recopilada por organismos de inteligencia, en las que se evidenciaba que la oposición se estaba reuniendo con sindicalistas norteamericanos para minar el convenio bilateral.

El interrogante acerca de si la Inteligencia seguía los pasos de los partidos contradictores al Gobierno quedó rondando tenuemente en unos pocos círculos de opinión, en momentos en los que el país ya empezaba a internarse en otro pavoroso escándalo de corrupción, que puso en duda la legitimidad de la reforma constitucional que le dio vía libre a la reelección del presidente Uribe; la Yidispoítica vio la luz y con ella un nuevo viso de criminalidad institucional.

La ex congresista Yidis Medina admitió haber recibido prebendas a cambio de dar su voto favorable a la reforma, que resultó siendo definitiva, luego de haber sido investigada por la queja que en ese sentido interpuso el representante a la Cámara, Germán Navas, hecho que inicialmente no produjo ningún resultado por falta de pruebas, pues la misma ex parlamentaria, asistida por abogados contratados por el Gobierno, desmintió haber sido objeto de los ofrecimientos.

“Los abogados que asumieron su defensa (la de Yidis Medina), después de que Carlos Germán Navas Talero la denunció fueron por cuenta del Gobierno Nacional”, dice el escrito de acusación en contra del ex ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, llamado a juicio un año después de que la Corte Suprema de Justicia hubiera pedido que se les investigara a él y a su par de Protección Social, Diego Palacio, por cohecho, por ser los supuestos gestores del ofrecimiento de Notarías a favor de la reelección.

Álvaro Montoya y Clara María González habrían sido enviados por el Ejecutivo para indicarle a la ex congresista cómo debía contestar a las autoridades para no ser involucrada en proceso jurídico alguno, poco antes de que el periodista Daniel Coronell le presentara al país la confesión que la propia Yidis Medina hizo ante las cámaras, que sólo sería de conocimiento público en caso de que el Gobierno no cumpliera con los supuestos acuerdos que habría establecido con ella para que respaldara la reelección.

La Corte Suprema de Justicia encontró que la ex congresista, tanto como el titular de la curul que ella ocupó en la Comisión Primera de la Cámara, Iván Díaz Mateus, y el también congresista Teodlindo Avendaño fueron los acreedores de las prebendas que abrieron el camino para la aprobación del proyecto de acto legislativo que le permitió al Presidente dar el primer paso hacia la prolongación de su estadía en la Casa de Nariño. Adicionalmente, la Sala Penal abrió investigaciones en contra de varios parlamentarios que, según el ex superintendente de Notariado y Registro Manuel Cuello Baute, también recibieron notarías a cambio de su apoyo al proyecto.

Por si fuera poco, la bandera de la Administración Uribe, su política de seguridad democrática, recibió un fuerte golpe del que hasta ahora no se a podido recuperar, luego de que se comprobara que la extraña desaparición de 11 jóvenes de Soacha, Cundinamarca, fue el resultado de engaños por parte de uniformados del Ejército que los asesinaron y más tarde los hicieron pasar como guerrilleros dados de baja en combate.

Ejecuciones extrajudiciales de ese estirpe empezaron a ser el pan de cada día, lo que motivó la relación que algunos estudiosos establecieron entre la ocurrencia del ilícito y la directiva 029 de 2005, expedida por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, que otorgaba permisos y recompensas a quienes consiguieran dar de baja a los militantes de grupos armados al margen de la Ley; más de 1.200 casos fueron conocidos por la Fiscalía hasta la primera mitad de 2009, en lo que fue denominado como ‘falsos positivos'.

Las cifras aterradoras expresadas por la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos en diversas investigaciones dan cuenta de la ocurrencia de 3.796 casos de ejecuciones extrajudiciales entre 1994 y 2009 y que 3.084 de ellas se produjeron en los últimos siete años, es decir, desde la entrada en vigencia de la política de seguridad democrática.

Si bien el Presidente ha manifestado en numerosas declaraciones que la mayoría de las denuncias son falsas y que se trata de casos aislados, ex comandantes narcoparamilitares como Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, entre otros, han denunciado en sus versiones libres ante fiscales de Justicia y Paz que era frecuente la planeación de ese tipo de crímenes de manera mancomunada con la fuerza pública y que incluso recurrieron a ello cuando necesitaban “ajusticiar” a su propia gente.

Decenas de oficiales, suboficiales y soldados del Ejército Nacional fueron llamados a juicio como presuntos responsables de los homicidios, no sin dejar el halo de vergüenza y sospechosas justificaciones de parte de los representantes de las fuerzas castrenses; como si fuera poco, los familiares y dolientes de las víctimas fueron objeto de amenazas y persecuciones que aún en el actualidad se siguen presentando, pese a que fueron denunciados públicamente.

Adicionalmente, algunos jueces contribuyeron a acentuar el drama de las víctimas, incurriendo en actuaciones que impulsaron la dilación de muchos procesos, dejando en libertad a los acusados de los crímenes por el vencimiento de los plazos legales para iniciar cada juicio. El mismo Consejo Superior de la Judicatura comprobó que los operadores judiciales, consciente o inconscientemente, actuaron en complicidad con los defensores de los militares al conceder peticiones que no tenían validez legal.

Tal es el caso de los conflictos entre la Justicia Ordinaria y la Militar invocados en la mayoría de los procesos, cuando ni siquiera los jueces castrenses habían solicitado conocer del proceso; los abogados alegaban que se trataba de investigaciones que debían ser abordadas por esta última jurisdicción, pero teniendo en cuenta que se trataba de homicidios en persona protegida, no había lugar a que el Juez de Conocimiento enviara el conflicto a la Judicatura, y de ahí que su Sala Disciplinaria hubiera tenido que abstenerse de pronunciarse de fondo, no sin antes generar la para injustificada de los procesos.

A falta de escándalos y casada la pelea del Presidente Uribe con la Corte Suprema de Justicia, el país empezó a divisar las primeras luces del pavoroso plan que desde los organismos de inteligencia se había tejido para mantener a raya a la oposición, los líderes defensores de derechos humanos, algunos periodistas y los magistrados de las altas cortes.

En febrero de 2009, los medios de comunicación revelaron el contenido de conversaciones telefónicas interceptadas ilegalmente por el DAS, gracias a las cuales se puso en evidencia que el organismo de inteligencia había sido utilizado para neutralizar a todos los contradictores del Gobierno, incluyendo la Rama Judicial, que se había convertido en la piedra en el zapato para la administración Uribe.

Bastaron algunos meses para que la opinión pública conociera las impresionantes dimensiones de la empresa criminal que se había fraguado desde este organismo adscrito a la Presidencia de la República, con el fin de mantener la solidez del establecimiento. Por efecto dominó fueron cayendo en la mira de la Justicia los altos mandos de la entidad, la mayoría nombrados por el Presidente Uribe.

Los magistrados César Julio Valencia Copete e Iván Velásquez y los líderes opositores a quienes Uribe se había referido por actuaciones que no eran de conocimiento público sino propias de su intimidad habían sido blanco de las persecuciones, lo que parecía responder a la pregunta inconclusa de la rueda de prensa en la que el mandatario, en un ataque de imprudencia, dijo tener certeza de que la oposición se reunía con sindicatos estadounidenses para bombardear el TLC, gracias a las información recopilada por organismos de inteligencia.

El DAS había creado un grupo denominado el G-3, que se encargaba de establecer los blancos políticos del Estado y que, según el mismo ex director Andrés Peñate, se había convertido en un fortín anticomunista, que parecía no ser consciente de que “la guerra fría ya había terminado”. No sólo se limitó a perseguir ilegalmente a los contradictores del Ejecutivo sino que pasó a la ofensiva, tras emplear medios criminales para comprometer a magistrados, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos en ilícitos y ponérselos en bandeja de plata a los grupos paramilitares.

El propio Salvatore Mancuso manifestó que el DAS, el Ejército y las Autodefensas trabajaban mancomunadamente y que altos mandos castrenses no sólo ordenaron operaciones conjuntas entre los dos grupos armados sino que, como en el caso del general (r) Mario Montoya, hubo peticiones expresas para que aplazaran su desmovilización para confiarles la lucha contrainsurgente en el Norte de Colombia.

Resulta más que anecdótico que el ex comandante paramilitar haya señalado al general (r) Iván Ramírez Quintero como uno de sus más frecuentes colaboradores cuando comandaba la Primera Brigada del Ejército, con sede en Santa Marta, y que unos meses después de la baja del oficial (r), llamado a juicio por el holocausto del Palacio de Justicia, el propio Presidente Uribe lo hubiera nombrado como asesor de inteligencia del DAS.

Además, Mancuso acusó al ex subdirector del organismo José Miguel Narváez de visitar frecuentemente los campamentos de los grupos de Autodefensa y de adoctrinar a sus militantes; coincidió con varios ex detectives de la entidad en señalarlo como el encargado de fijar los blancos políticos, que estaban dados por su grado de disidencia para con el Gobierno Nacional.

Pero no sólo fue ese organismo de inteligencia el que fue puesto al servicio de esta persecución; la Unidad de Información y Análisis Financiero, Uiaf, bajo la tutela del Gobierno Nacional, también fue utilizada para seguir los movimientos financieros de los magistrados de la Corte Suprema y de senadores como Piedad Córdoba y Gustavo Petro, pese a que no existía una orden judicial que lo respaldara, como lo exige la Ley.

Según el Fiscal Octavo Delegado ante la Corte, Misael Rodríguez, el DAS y la Uiaf se concertaron para seguir los pasos de los integrantes de la Colegiatura y de los congresistas, pero además prepararon un plan para desprestigiarlos y vincularlos, a como diera lugar, con el crimen organizado.

El mismo representante del ente de control indicó que, pese a que ninguno de los blancos registraba operaciones financieras sospechosas, continuaron siendo objeto de seguimientos que no tenían ningún sustento investigativo y que se basaron, incluso, en comentarios de foristas de los sitios web de los medios de comunicación.

Añadió que fueron estos mismos investigadores los que citaron a reconocidos periodistas para manifestarles como un hecho demostrado que el traslado de los magistrados a Neiva en 2007, donde el entonces presidente de la Corte, Yesid Ramírez Bastidas, fue homenajeado, se debía a los supuestos nexos que éste último mantenía con el presunto narcotraficante Ascencio Reyes.

El Fiscal insistió en que no había una sola prueba sólida, pero que aún así la Presidencia dio la orden de filtrar los “informes secretos” sobre las actividades de los integrantes de la Corte con los medios de comunicación, según lo dio a conocer el ex director del Grupo de Inteligencia del DAS denominado Goni, Germán Ospina, quien rindió interrogatorio ante el ente acusador.

“Es la campaña de desprestigio del DAS en contra de los magistrados. Para ello se sirvieron de los medios de comunicación y esto no es una deducción de la Fiscalía; sobre esto da clara cuenta el director de Goni: ‘es mi deseo confesarle al despacho que mucha de esta información fue dada a conocer a los medios de comunicación por orden de Presidencia, según me lo manifestaba el capitán Lagos'”, señaló Rodríguez en la audiencia de acusación en contra del ex director de la Uiaf Mario Aranguren.

No sólo en este si no en los demás procesos, en los que han sido vinculados 16 altos funcionarios de Inteligencia, se puso al descubierto que los organismos de seguridad dirigidos por la Presidencia fueron infiltrados casi por completo por el crimen organizado y además fueron utilizados para perseguir y hasta para desprestigiar a quienes de alguna manera se mostraron resistentes ante el jefe del Estado colombiano.

No parece fortuito que ese tipo de hostigamientos encontraran como receptores a los integrantes de las altas cortes, que definían temas cruciales para Uribe Vélez como lo eran la reelección y los escándalos de la parapolítica y la Yidispolítica, que no tuvieron a más protagonistas que sus coequiperos. Tampoco puede dejarse de lado el que hayan sido los defensores de derechos humanos y los congresistas de la oposición los figuraran entre sus objetivos, pues se trata, nada más y nada menos, que de los más vehementes contradictores del uribismo.

Todos los caminos parecen ir hacia la misma dirección y no resulta descabellada la comparación sugerida desde algunos sectores de opinión, que equiparan ese estado de cosas con la tragedia que vivió el Perú hace más de una década, con la llegada al poder de Alberto Fujimori. Al igual que el mandatario inca, Uribe se jugó todas las cartas a favor de la prolongación de su período presidencial, utilizando como bandera la lucha contrainsurgente.

Al igual que su par peruano, el estadista colombiano consolidó una imagen de autoridad y mano fuerte ante sus electores que le valió para ganarse un respaldo popular inusitado y ser visto ante la comunidad internacional como el redentor de su pueblo.

En el caso peruano, el mundo fue descubriendo una maraña de ilegalidad, atrocidades y crímenes en contra de la humanidad que sostuvieron el reinado fujimorista, que terminó derrumbándose como un castillo de naipe ante el menor respiro. El uribismo, por su parte, sigue gozando de legitimidad y respaldo de la comunidad internacional, pues pese a que todo pareciera acusarlo, la hipótesis acerca de su responsabilidad jurídica está todavía por ser demostrada. De ahí la trascendencia de temas como la elección del Fiscal General de la Nación y la reforma Judicial que pretende impulsar el Ejecutivo.

El país se encuentra ante una oportunidad histórica de develar una verdad que nunca antes el fue tan cercana, labor que consagra en la Rama Jurisdiccional un protagonismo de excepción, toda vez que de su gestión de donde depende el éxito de este propósito. Será la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía general de la Nación la que termine de reconstruir este rompecabezas de criminalidad instituticionalizada, una tarea que podría quedar inconclusa si el nuevo Gobierno logra reformar sus competencias por vía legislativa.

Dependerá de la decisión de los colombianos en las urnas y en el activismo político si se mantiene en la Rama Judicial el deber de poner fin a la ignominia y salvar la honra del Estado o si la dignidad le da paso a la intervención de organismos internacionales, como la Corte Penal Internacional, CPI, un organismo garante de la Justicia, pero cuya actuación equivale al fracaso de nuestras instituciones.

El trabajo del Sr. Morris es instrumental para elevar el perfil de las victimas del conflicto interno armado y ejercer su derecho a la justicia. El Sr. Morris reporta desde las áreas más afectadas por el conflicto y cubre los temas más controversiales y delicados. Su trabajo ha sido fundamental y ha elevado el conocimiento a nivel global de muchas masacres, incluyendo la masacre de la Comunidad de Paz de San Jose de Apartado. El trabajo del Sr. Morris saca a luz la realidad colombiana para los colombianos y el mundo. Él siempre busca incluir la perspectiva de las personas afectadas por los grupos armados legales e ilegales, la corrupción, y los efectos adversos de las políticas antinarcóticos.

Su reportaje independiente y valioso lo ha hecho ganador de varios premios prestigiosos de derechos humanos y lo ha vuelto un blanco de persecución política y el objetivo de varias amenazas de muerte. El Señor Morris estuvo entre los defensores de derechos humanos y miembros de la oposición victimizados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). De acuerdo al reporte Mucho Peor que el Watergate, sobre el escándalo de inteligencia de el DAS, el Señor Morris fue sujeto a vigilancia ilegal, ‘chuzadas', y una campaña de difamación.

Les agradecemos a los políticos de Estados Unidos por haber revocado la decisión de negarle la visa el Señor Morris. Además, esperamos colaborar con en el Señor Morris durante su estancia en EU como becario de La Fundación Neiman. Esperamos que su estancia en Estados Unidos le sea útil para educar y inspirar a otros en el campo del periodismo independiente y de investigación. Además esperamos que pueda hacerlo sin miedo de daño físico y persecución política.

Para más información contacte:

Gimena Sanchez, Senior Associate Washington Office on Latin America (WOLA) (202) 797-2171; gsanchez@wola.org

Lisa Haugaard, Executive Director Latin America Working Group (LAWG) (202) 546-7010; lisah@lawg.org

Kelly Nicholls, Executive Director US Office on Colombia (USOC) (202) 232-8090; kelly@usofficeoncolombia.org

Abigail Poe, Director of Latin America Security program Center for International Policy (CIP) (202) 232-3317; abigail@ciponline.org

El secretario general del NUJ, Jeremy Dear, hizo entrega de la membrecía honoraria a la periodista la semana pasada, durante la visita de una delegación de parlamentarios europeos, miembros de ONG, periodistas y congresistas británicos que vino al país para constatar la existencia de una fosa común con más de 600 cadáveres en La Macarena, Meta. "Los ataques contra la prensa en Colombia son agresiones contra toda la comunidad de periodistas en el mundo. Hoy nuestra organización reafirma su lucha por la defensa de la libertad de prensa basada en los principios de solidaridad y unidad", aseguró Dear al entregar la membrecía a la periodista, quien es la primera mujer y la primera latinoamericana en ser honrada con dicha distinción. Anteriormente, el NUJ ha nombrado miembros de honor a tres periodistas (de Palestina, Camerún y Pakistán).

Dear hizo un llamado al gobierno colombiano para que manifieste su compromiso con la libertad de prensa a través de investigaciones concretas y serias sobre los autores materiales e intelectuales de la sistemática persecución contra periodistas y defensores de derechos humanos. El NUJ anunció además que se constituirá en parte civil popular en el caso de los ataques por parte del DAS contra Claudia Julieta Duque, y para ello entregó un poder a Reinaldo Villalba Vargas, de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), quien es el apoderado de la periodista.

El viernes 23 de julio, cuando se cumplieron nueve años del secuestro del que fue víctima Claudia Julieta Duque, el secretario general del NUJ se reunió con el fiscal general de la Nación (e), Guillermo Mendoza Diago, a quien solicitó un mayor impulso a las investigaciones sobre el caso de Duque, que a pesar de las pruebas hoy existentes continúa en la total impunidad, y anunció un acompañamiento permanente a la periodista.

El Sindicato Nacional de Periodistas del Reino Unido e Irlanda fue creado en 1907 y cuenta actualmente con 38.000 afiliados. Ha estado inmerso en campañas para el otorgamiento de asilo a periodistas perseguidos por Hitler durante el régimen Nazi, así como en las investigaciones por el caso de Georgy Godgadze, periodista ucraniano asesinado en 2001. El NUJ, fundador e impulsor de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) también estuvo a la cabeza de la campaña por la liberación del periodista Alan Johnson, secuestrado por los talibanes en el año 2007, y por la liberación del productor británico en el Líbano, John McCarthy, secuestrado por Hizbollah en 1986. El NUJ también realizó una campaña de tres años en el caso del periodista Terry Lloyd, asesinado en 2003 por soldados estadounidenses.

Actualmente el NUJ está activo en iniciativas solidarias en materia de la libertad de prensa y defensa de los derechos humanos en países como Zimbabwe, Colombia, Pakistán, y a través de la Federación Europea de Periodistas y la FIP, con fuerte trabajo ante los Parlamentos Británico y Europeo.

Activistas del Observatorio de la Escuela de las Américas (SOAW), desde Toronto a Florida, de California hasta Maine, compartieron sus múltiples esfuerzos para que las puertas de la Escuela de las Américas se cierre definitivamente en el Fuerte Benning donde actualmente opera.

Los/las delegadas del sur concientizaron de que hoy en día la amenaza de la militarización de EE.UU. en América Latina va mucho más allá de la Escuela de las Américas. Expresaron su preocupación sobre las siete bases militares estadounidense en Colombia, la represión que se vive en Honduras, la ocupación militar en Haití y la militarización de la frontera México-Estados Unidos, entre otras preocupaciones que se expresaron en los acuerdos del encuentro en cuanto a trabajar en torno a estos temas y solidarizar con los pueblos mencionados.

En la noche final del encuentro, los/las participantes se reunieron en torno a un mapa de "América", desde Alaska hasta la Patagonia, sin fronteras delineadas. En el centro había una olla de barro que contenía una mezcla de tierra traída de los 19 países. Los/las asistentes tomaban un poco de la tierra mezclada y se la daban a su compañero/a de al lado diciendo: "Somos Una Sola América". Como dijo un participante en la última noche: "este Encuentro no ha terminado, apenas comienza".

:

1. Se acuerda y se redacta un documento público con nuestra posición y solidaridad con Honduras. Al mismo tiempo, se hace un llamado a realizar acciones en nuestros países en apoyo a la Resistencia en Honduras.

2. Se acuerda apoyar las acciones que se realizan en Estados Unidos, en Georgia, cada noviembre, por el cierre de la Escuela de las Américas (SOA, en inglés)). Proponemos la realización de vigilias simultáneas a la de Georgia, el 21 de noviembre de 2010, frente a bases militares extranjeras en Colombia y Honduras, frente a ILEA en El Salvador, frente a embajadas de EE.UU. en nuestros países y en lugares seleccionados en cada uno de nuestros países.

3. 3. Exhortamos a promover coaliciones de organizaciones en nuestros países para apoyar el relanzamiento de la Campaña Continental Contra las Bases Militares Extranjeras, a partir del Foro Social Américas (FSA) a realizarse del 11 al 15 de agosto de 2010 en Paraguay, así como promover consultas populares contra estas bases.

4. Solicitamos la participación de SOAW en el FSA en Paraguay con mesas y demás medios de participación llevando y promoviendo estos acuerdos.

5. Se exhorta a realizar acciones en nuestros países en apoyo a la Resistencia en Colombia, en el marco de la lucha contra las bases militares extranjeras en el país, facilitando también la participación de SOAW en las acciones del 23 de agosto de 2010 con la marcha de mujeres frente a la base militar extranjera en Palanquero.

6. Recomendamos facilitar la participación de personas de Honduras, Colombia, Haití y de México en la vigilia del 21 al 23 en Georgia por el cierre de SOA.

7. Recomendamos poner el énfasis en la situación de Honduras, Colombia y México, en los enfoques a presentar en la vigilia en Georgia.

8. Hacemos un llamado a realizar acciones conjuntas en apoyo con la resistencia en Haití, en el marco de la vigilia a realizarse el 12 de enero de 2011 en Haití contra la militarización.

9. Acordamos organizar una comisión de medios para que facilite y viabilice las propuestas acerca de la necesidad de establecer redes de comunicación y difusión surgidas en este encuentro.

10. Exhortamos a realizar encuentros en nuestros países para promover la cultura de paz y hacer conciencia sobre los peligros que encierra el militarismo estadounidense.

Así lo aseveraron organizaciones defensoras de derechos humanos y movimientos de víctimas del paramilitarismo de Antioquia al término del foro “A cinco años de vigencia de la Ley 975…ni paz ni justicia para las víctimas”, que tuvo lugar este viernes 23 de julio en la ciudad de Medellín y que contó con una nutrida asistencia.

Para los asistentes, el balance tanto jurídico como político de este mecanismo de la justicia transicional diseñado para la reincorporación a la vida civil de los desmovilizados de las Auc no es para nada alentador.

Las cifras hablan por sí solas. La condena proferida el pasado 29 de junio contra Uber Enrique Banquez Martínez, alias “Juancho Dique”; y Edgar Cobo Tellez, alias “Diego Vecino”, integrantes del bloque Héroes de los Montes de María, constituye hasta el momento la única sentencia en firme producida en el marco de la Ley 975. Como se recordará, los ex jefes paramilitares fueron hallados culpables por la masacre de Mampujan, (Bolívar), cometida en el año 2000 y donde fueron asesinados 13 campesinos y un número indeterminado debió desplazarse forzosamente.

El “saldo en rojo” para esta Ley no para aquí. Según cifras de la Alta Consejería para la Reincorporación a la Vida Civil, 3.861 ex combatientes de estos grupos se acogieron a esta Ley. De ellos, unos 2.872 correspondían a militantes rasos que se desmovilizaron colectivamente, unos 25 eran jefes de bloques y unos 964 se encontraban detenidos al momento de la desmovilización.

Sin embargo, sólo 2.161 ratificaron su postulación y de ellos, unos 670 se encuentran rindiendo versión libre ante los fiscales de Justicia y Paz. Es decir que menos del 2% del total de ex combatientes de la Auc está siendo juzgado por la justicia transicional. Hasta el momento se han realizado 1.790 diligencias de versiones libres y unas 641 continúan en curso.

A esto se suma que cerca de 19 mil integrantes de las Auc fueron cobijados por el principio de oportunidad, sancionado a través de la Ley 1312 de 2009, que equivale a decir que más del 60% del total de desmovilizados, unos 31.700, según cifras oficiales, podrían ser amnistiados por sus crímenes siempre y cuando la Fiscalía General de la Nación, tal como lo estipula el principio de oportunidad, suspenda, interrumpa o renuncie a la investigación penal.

Para Soraya Gutiérrez, abogada perteneciente al Colectivo de Abogados José Alvear, a lo largo de estos años también se ha observado otra serie de dificultades que van en detrimento del derecho de las víctimas de acceder a la justicia. Donde se observa con mayor nitidez dichos obstáculos es en la realización de las diligencias de versiones libres.

“En las versiones libres es muy común escuchar de parte de los postulados que sus víctimas eran integrantes de la guerrilla, pocas veces de población civil. Si a esto se le suma la dificultad que tienen las víctimas para acceder a las versiones y cuando lo hacen, tienen muy pocas posibilidades de confrontar, lo que se va configurando es un argumento justificatorio de todos los crímenes de lesa humanidad cometidos por el paramilitarismo”, agregó Gutiérrez.

Según la jurista, esto sucede por el desinterés que están mostrando los fiscales de Justicia y Paz y los Magistrados de Control de Garantías para confrontar o confirmar la veracidad de las afirmaciones de los postulados.

“Es cierto que hay un asunto de recursos y de falta de comprensión de la Ley por parte de los operadores judiciales. Pero también es cierto que es deber de los fiscales confrontar dichas versiones y eso no lo están haciendo. Así, estamos construyendo una verdad a partir de las versiones de los victimarios”, añadió la Jurista, quien señaló además que la falta de representación jurídica para las víctimas constituye otro obstáculo serio para la búsqueda de justicia.

“Si bien el Gobierno nacional le designó esa función a la Defensoría del Pueblo, observamos que una cuidad como Bogotá cuenta con 60 defensores para 6 mil víctimas; Barranquilla cuenta con 28 defensores para 12 mil víctimas. En el Cesar hay cuatro defensores para representar a víctimas de cuatro departamentos. ¿Cómo se puede afirmar que las víctimas cuentan con una representación efectiva?”, cuestionó la integrante del José Alvear.

Déficit en lo político En materia de verdad, una de las grandes apuestas del país con la Ley 975, las organizaciones también guardan reservas frente a los avances señalados por el Gobierno nacional. Para Jairo Ramírez, integrante del Movice, la extradición de 13 jefes paramilitares a los Estados Unidos, en mayo de 2008, constituyó el más duro golpe a esa búsqueda.

“Siete de los jefes extraditados estaban participando como testigos de la parapolítica en ese momento. Ahí se perdió una oportunidad histórica para conocer la verdad sobre la dimensión que tuvo el paramilitarismo. Si a eso se le suma que en estos cinco años han sido asesinados unos 820 desmovilizados, algunos de ellos al interior de las cárceles en extrañas circunstancias, podríamos afirmar que estamos ante un silenciamiento de la verdad”, expresó Ramírez.

No obstante, el Ejecutivo considera que gracias a las versiones libres se ha podido compulsar copias a la justicia ordinaria que involucran a 350 políticos (mandatarios regionales, congresistas, funcionarios públicos, entre otros), por lo menos 220 miembros de las Fuerzas Militares y cerca de 5.000 particulares, situación que permitirá esclarecer diversos crímenes.

De igual forma, el Gobierno nacional ha señalado que el reconocimiento de miles de acciones criminales por parte de los ex paramilitares ha derivado en más de 3.000 procesos de exhumación de fosas comunes de las cuales ya se han podido identificar 908 cuerpos, los mismos que han sido entregados a sus familiares.

Si bien hechos como este fueron valorados por los asistentes, para Liliana Uribe, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, los resultados continúan siendo escasos para la gravedad de crímenes como la desaparición forzada y, de hecho, advirtió que la Ley no está brindando las garantías de no repetición para delitos como éste.

“Las cifras más reciente que presenta la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas y Medicina Legal muestran que en los últimos tres años van 38.025 personas desaparecidas, de las cuales la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas dice que por lo menos 10 mil casos corresponden a desaparición forzada. Este crimen se agravó. Entonces, ¿Sirvió este instrumento para construir la paz?”, manifestó Uribe.

Frente a esto, la jurista no dudo en calificar como un fracaso político la Ley, toda vez que no ha cumplido con su cometido de conducir al país por el camino de la reconciliación y la paz. “Prueba de ello es que el paramilitarismo, como estrategia de control social y de intimidación a líderes sociales, continúa operando en diversas regiones del país. El Gobierno insiste en que se trata de grupos narcotraficantes, no contrainsurgentes, pero, ¿Acaso las Auc no se financiaron con el narcotráfico? Ahí no hay un comportamiento nuevo”, añadió.

Y así como el Gobierno nacional destaca que gracias a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz se ha visibilizado a las víctimas del paramilitarismo en el país, toda vez que 281.661 personas se han registrado como tal ante la Fiscalía General de la Nación, defensores de derechos humanos expresaron que, pese a ello, los afectados por el accionar paramilitar continúan siendo amenazados e intimidados, con el agravante de no contar con ningún tipo de protección por parte del Estado.

“En los últimos cinco años han sido asesinados 25 lideres, muchos de ellos vinculados a procesos de reclamación de tierras usurpadas por los paramilitares. Eso da cuenta de la desprotección en que se encuentran las víctimas”, dijo Soraya Gutiérrez.

Debido a todas estas afirmaciones, no fue extraño escuchar a lo largo del evento la idea que la Ley constituyó un mecanismo de impunidad, pues las víctimas aún no conocen la justicia, la verdad continúa siendo esquiva y, como expresó un participante al ser consultado sobre el particular, “de reparación mejor ni hablemos”.

El Doctor Uribe Vélez dijo en la base militar de dicho municipio: “El terrorismo, en esa combinación de formas de lucha, mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacredita a la Fuerza Pública y cómo la sindica de violación de Derechos Humanos” Así mismo, envió un mensaje de aliento a las tropas en su lucha contra el terrorismo, y les dijo que cuentan con todas las condiciones para obtener la victoria final. Al calificar de “terroristas” a las víctimas, a los defensores de derechos humanos y a los congresistas convocantes de la Audiencia, les estaría diciendo de forma clara y directa a las tropas oficiales bajo su mando, que somos objetivo militar.

No se escucha en el discurso presidencial una sola línea de condolencia para con las víctimas que denunciaron crímenes; no se oye un solo llamado a la justicia, una sola promesa de investigación; todo lo contrario, se hace una exhortación a continuar la guerra. Desde nuestro más profundo sentimiento de dolor e impotencia, queremos hacer las siguientes precisiones:

1. El desprestigio de las Fuerzas Armadas de Colombia es responsabilidad única y exclusivamente de quienes, con la investidura legal y la obligación constitucional para garantizar la vida, honra y bienes de todos los colombianos, comenten crímenes atroces, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en contra de la población civil indefensa. Es de quienes portando las armas de la República, se comportan como los delincuentes a quienes dicen combatir. 2. Nuestra labor está encaminada, únicamente a servir a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y de guerra. A la población civil indefensa que sufre las consecuencias de un conflicto armado que ya lleva más de 45 años sin solución y que, contrario a lo que expresó el jefe del Estado Colombiano, está muy lejos de terminarse por la vía de la confrontación armada. 3. Nuestras denuncias buscan que las autoridades competentes (Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de La Nación) adelanten una investigación exhaustiva e imparcial y determinen lo ocurrido en el cementerio de NNs de La Macarena y sancionen a los responsables de los crímenes que se hubieren cometido. 4. Consideramos de vital importancia que se integre una comisión internacional forense que vigile los procedimientos adelantados por las autoridades colombianas. 5. Nuestra labor de defensa de los derechos humanos es legalmente reconocida por las Naciones Unidas, La Organización de Estados Americanos (OEA) y por la Constitución Nacional de Colombia. 6. Tanto las organizaciones ONG, parlamentarios y comunidad campesina que participó en la audiencia pública, siempre acató las decisiones de las autoridades civiles y militares -incluida la decisión del Alcalde municipal de La Macarena- de impedir el ingreso al cementerio público municipal para orar y hacer un acto simbólico en homenaje a las víctimas.

De otra parte, queremos invitar a los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas de Colombia (Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía) y a las demás autoridades constitucionalmente reconocidas, a desarrollar su misión institucional en el marco de la constitución y la ley, observado las normas del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos consagrados en la Carta Universal y en el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, por cuanto son sus carreras, sus vidas, sus familias las que a la larga terminan pagando las consecuencias de obedecer órdenes cargadas de odio y sed de venganza como las emitas por el Doctor Uribe Vélez desde La Macarena el día domingo 25 de julio 2010.

Nosotros como colombianos y colombianas y como Defensores y Defensoras de Derechos Humanos no descansaremos en nuestra búsqueda de justicia, de verdad y de reparación integral para las víctimas.

Por último debemos reconocer, que excepto algunos incidentes menores y señalamientos infundados, el comportamiento de la Fuerza Pública durante la realización de La Audiencia sobre la “Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales” el pasado viernes 22 de julio en la Macarena, fue respetuosa.

Firman,

GLORIA INÉS RAMÍREZ Senadora de la República

Padre. JAVIER GIRALDO Vocero de las Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos

Hoy a las 3.30pm los esperamos en la Rueda de Prensa en el Cinep.

En medio de la estigmatización oficial, los intentos por parte de la fuerza pública de obstaculizar la movilidad de víctimas, acompañantes y participantes, y también de intentar reseñar y detener arbitrariamente a las víctimas anunciamos que la Audiencia ya está en marcha y las delegaciones internacionales estarán llegando a lo largo del día de hoy a la capital colombiana. De la misma manera algunas delegaciones nacionales ya se encuentran en La Macarena llevando a cabo un trabajo de acompañamiento psicosocial a las personas que van a dar los testimonios.

Informamos e invitamos a seguir la Audiencia en directo conectándose a las webs www.colombia.indymedia.org, www.justiciaypazcolombia.com, www.prensarural.org y www.colectivodeabogados.org el día 22 de Julio a partir de las 9am.

De igual forma, convocamos a participar a todas las organizaciones de DDHH, campesinos y campesinas, medios de información y público en general en la RUEDA DE PRENSA en donde se socializarán las primeras conclusiones de la Audiencia por parte de la delegación internacional convocada el día Viernes 23 de Julio en la sede del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) ubicado en la Carrera 5 No. 33 A – 08 de la ciudad de Bogotá a las 10am.

Desde el Comité Organizador de la Audiencia, exigimos del gobierno nacional y el alto mando militar brindar las garantías de seguridad y movilidad de los campesinos(as), familiares de víctimas e integrantes de los Comités de Derechos Humanos para que libremente puedan asistir a la actividad de denuncia programada para el 22 de julio y solicitamos a la comunidad nacional e internacional que estén atentos al desarrollo de la misma.

El 10 de marzo de 2000, un grupo de paramilitares bajo el mando de Rodrigo Mercado, alias “Cadena”, incursionó en la población de Manpuján, ubicada entre los departamentos de Sucre y Bolívar, reunió a sus habitantes y los obligó a abandonar este lugar bajo la amenaza de que les podía suceder lo mismo que a los pobladores de “El Salado” quienes un mes antes, habían enfrentado una incursión y masacre paramilitar similar. Fue así como ese día, de la región salieron desplazadas aproximadamente 1.600 víctimas, y fueron asesinadas doce de las cuales la Fiscalía 11 de la unidad de Justicia y Paz, solamente reconoció once.

Según la información disponible, la masacre y desplazamiento masivo se dio por orden de alias “Diego Vecino”, y en ella participaron, no sólo el paramilitar alias "cadena", sino el propio alias “Juancho Dique”, comandante del frente “Héroes Montes de María”, pertenecientes todos ellos al Bloque del mismo nombre, en connivencia con militares del batallón Malagana, ubicado a escasos 20 minutos del corregimiento de Manpuján, que días antes de la masacre, estuvieron en el lugar, haciendo empadronamiento de los pobladores y quienes según el paramilitar "Juancho Dique" le habían entregado un listado de dos a tres mil personas de la zona.

Las víctimas y sus familiares han manifestado que no sienten que los autores materiales hubiesen confesado su participación real en la masacre, como tampoco que la Fiscalía 11 de la Unidad de Justicia y Paz haya realizado una investigación integral, no obstante la publicidad que los medios masivos de comunicación han querido dar a la misma, mostrando la supuesta eficacia de la ley. En este sentido, aún no se ha establecido la responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública (Batallón Malagana) en la comisión de la masacre, ni de otros autores que participaron en su planeación y ejecución, como tampoco se ha ahondado en la responsabilidad penal por el desplazamiento forzado de la población.

De la misma manera, aún no se ha esclarecido quiénes se beneficiaron con los asesinatos cometidos, con los desplazamientos, e incluso con el robo de tierras, y que tampoco se conoce la verdad de las torturas de varios de los miembros de la comunidad, entre ellos, Joaquin Fernando y Alfredo Posso Ortega y García respectivamente, ni las razones por las cuales la propia Fiscal 11, Yolanda Gómez, no reconoció el secuestro y posterior crimen del señor Pedro Castellano Prado.

Pero no solamente no se ha contado la verdad del caso, sino que los paramilitares involucrados, no han hecho una propuesta seria de reparación para las víctimas, toda vez que alias "Diego Vecino" entregó los bienes inmuebles al Fondo de Reparación para las Víctimas de la masacre del Salado, no para éstas y alias "Juancho Dique" no ha entregado bienes para tal finalidad. Esto sin contar que la reparación debe nacer desde la perspectiva de las víctimas y no desde la concepción por parte de este victimario y mucho menos en el sentido de recordar la victimización causada, si no por el contrario exaltar cada una de las personas asesinadas en cuanto a sus sueños, su oficio y las acciones tendientes a mejorar su calidad de vida y la de su comunidad.

Para el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", es claro que estos dos jefes paramilitares, han venido negando u ocultando verdades, no tienen un ánimo real de reparar a las víctimas y por si fuera poco, ni ellos, ni el gobierno nacional dan garantías de no repetición, tres de los requisitos necesarios para garantizar los derechos de las víctimas y para que los paramilitares sean beneficiados de las penas alternativas - de cinco a ocho años de prisión - que establece la llamada "ley de justicia y paz".

Así mismo el Colectivo de Abogados, solicitó no conceder la reparación en los términos que propone la Procuraduría en cuanto a establecer un batallón en el pueblo de Manpujan debido a que la presencia de la fuerza pública en estos espacios se constituye una infracción a las normas humanitarias y pone en riesgo la integridad de los habitantes en medio del conflicto, así como la existencia de bases militares en los centros poblados. De otro lado, la propuesta de la Procuraduría confunde actos de reparación integral con acciones que de suyo le competen al Estado.

Es notorio el afán de sacar avante este proceso por parte del gobierno, a pocos días de cumplirse los cinco años de promulgada la ley, y justo cuando se presenta un proyecto en el Congreso para prorrogarla, queriendo demostrar así, su efectividad que permitiría su modificación, para que los paramilitares, puedan acogerse a los beneficios de la ley 975, sin importar la época en que ocurrieron los delitos, que es lo que plantea el proyecto de ley presentado.

Es necesario recordar que a la fecha según diversos informes, entre ellos, el de la MAPPOEA, que aún existen paramilitares, no sólo en esta región, sino en el resto del país, a pesar que el gobierno nacional se comprometiera, incluso con la creación de la ley 975, que estos se desmovilizarían en su totalidad.

De tal manera, el Colectivo de Abogados, radicó ante el Tribunal de Conocimiento, no sólo un documento que recopila una serie de recomendaciones frente al caso específico, sino una constancia histórica que deja claro, de producirse en su totalidad el incidente de reparación, que el proceso seguido en este caso por la masacre de Manpuján no ha garantizado los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición, tal y como se pretende hacer creer a la opinión pública nacional.

Sentencia completa

Constancia

Más aún, en materia restitución y entrega de tierras a los campesinos desplazados, los resultados según el propio INCODER, dejan ver claramente el fracaso del gobierno en este sensible tema de la política pública de atención a la población desplazada.

Por esta razón, solicitamos a la honorable Corte Constitucional, mantener el estado de cosas inconstitucional, por considerar que el gobierno no sólo no ha cumplido, sino, no muestra ninguna voluntad para incorporar cambios de fondo en la política pública, que permitan a los desplazados en el goce efectivo de derechos de que habla la corte constitucional.

Igualmente las organizaciones de población desplazada, estamos convocando una jornada de movilización para el día 18 julio, en la ciudad de Bogotá a partir de las 9:00 de la mañana, que partiendo de la plaza de toros llegará hasta la plaza de Bolívar, para exigir el cumplimiento a todos los derechos de la población desplazada y vienen cientos de manera sistemática incumplidos por el gobierno.

Campaña permanente, tierra vida y dignidad.

Asociación Nacional Desplazados de Colombia ANDESCOL, Coordinación Nacional Desplazados. CND, Organización de Población del Desplazada y Desarraigada Independiente. OPDDI, Asociación de Afrodescendientes Desplazados AFRODES, Mesa de Interlocución Gestión y Desarrollo. MIGD Soacha, Colectivo 21 junio.

En el marco interno del conflicto armado que sufre Colombia desde hace más de 40 años, Amnistía Internacional ha denunciado -y continúa haciéndolo- graves violaciones y abusos de derechos humanos cometidas por todas las partes implicadas en el conflicto, siendo su principal víctima la población civil.

Entre todas las preocupaciones, en esta ocasión se destacan los ataques que sufren las y los defensores de derechos humanos y las personas de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en Colombia; así como las señales dadas por el Gobierno colombiano de fortalecer el sistema de justicia militar, en detrimento de la justicia civil, a la hora de juzgar violaciones y abusos de derechos humanos.

En los últimos meses, han aumentado las amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos, así como hacia personas de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas; y varias de ellas han sido asesinadas. Amnistía Internacional teme que la situación de inseguridad a la que se enfrentan pueda agravarse durante la etapa de transición de un Gobierno a otro, debido a que los autores de abusos contra los derechos humanos podrían intentar aprovecharla para silenciar las denuncias.

En este sentido, la organización pide al Gobierno español que inste al colombiano a reconocer la legitimidad e importancia de las y los defensores de derechos humanos y de su trabajo. Para ello, Amnistía Internacional solicita un pronunciamiento público de apoyo a las y los defensores y una estrategia que garantice la seguridad de su labor en favor del respeto de los derechos humanos en Colombia.

Sobre el sistema de justicia militar, Amnistía Internacional también siente preocupación ante el hecho de que el presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, se haya pronunciado a favor de fortalecerlo. A pesar de que una sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 afirma que las violaciones de derechos humanos en las que estén implicados miembros de las fuerzas de seguridad deben ser investigadas por el sistema de justicia civil. Los tribunales militares siguen reclamando su jurisdicción sobre casos clave en los que están implicados miembros de las fuerzas de seguridad, a la vez que de forma habitual se abstienen de investigar las violaciones graves de derechos humanos cometidas por agentes de seguridad.

De igual manera, Amnistía Internacional expresa su preocupación por las declaraciones del presidente saliente, Álvaro Uribe, y del alto mando militar pidiendo que las fuerzas armadas sean protegidas frente a su procesamiento en tribunales civiles. El Gobierno colombiano no debe proteger a los mandos militares de ser procesados por violaciones de derechos humanos, porque quedaría en entredicho su compromiso de lucha contra la impunidad. El respeto a sus obligaciones internacionales obliga al Gobierno colombiano a poner a disposición judicial a quienes cometan abusos contra los derechos humanos.

Amnistía Internacional pide al Gobierno español que transmita al Gobierno colombiano la necesidad de tomar medidas firmes para acabar con la impunidad en el país, desmantelar los grupos paramilitares y poner fin a sus vínculos con las fuerzas de seguridad. Estas medidas deben incluir que las violaciones de derechos humanos en su totalidad sean juzgadas en el sistema judicial civil.

Para hacer visible la situación de vulnerabilidad a la que se exponen las y los defensores de derechos humanos y sus familias, Amnistía Internacional ha adjuntado a la carta con sus preocupaciones, una serie de casos que muestran la situación de las y los defensores en Colombia. Un ejemplo es este.

Rogelio Martínez, diriginte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) en el departamento de Sucre, noroeste de Colombia, fue asesinado el pasado 18 de mayo. Realizaba actividades para lograr la devolución de tierras robadas por grupos paramilitares a comunidades campesinas en el municipio de San Onofre. Su asesinato se atribuye a grupos paramilitares.

La familia de Rogelio Martínez y otras 51 familias de la zona podrían estar también en peligro, al igual que Ingrid Vergara, dirigente del MOVICE en Sucre. Ingrid Vergara ha recibido varias amenazas de muerte en los últimos dos años, pese a lo cual las autoridades siguen sin poner en práctica las medidas de seguridad acordadas. Ingrid Vergara y sus compañeros del MOVICE han documentado y sacado a la luz numerosos casos de homicidio y desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares en la región. Hasta el momento, no se ha detenido a nadie en relación con el homicidio de Rogelio Martínez ni con los ataques de los que han sido objeto los miembros de MOVICE en Sucre.