Programa Perú orienta su trabajo a establecer y/o fortalecer las relaciones con instituciones públicas y privadas, especialmente con las organizaciones del movimiento de derechos humanos y derechos de las mujeres, como parte del fortalecimiento, posicionamiento y reconocimiento de PCS/Perú como un actor activo de la cooperación internacional.

En igual medida, se fortalecen relaciones y se realiza labor de acompañamiento con las organizaciones de víctimas y afectados/as por el conflicto armado interno, favoreciendo el desarrollo de sus capacidades para el fortalecimiento de su actoria social y política y su reafirmación de voluntad y compromiso con el proceso de verdad, justicia y reparación en el país.

Se desarrolla un conjunto de acciones orientadas a establecer relaciones institucionales con agencias, fundaciones y embajadas como parte de un proceso de fortalecer relaciones políticas y financieras a favor de la profundización en los procesos sociales y políticos este sentido, PCSPerú mantiene las capacidades para implementar de manera participativa los proyectos y promover la construcción de alianzas para realizar acciones de incidencia política a favor del desarrollo, los derechos humanos y en especial los derechos de las mujeres, lo cual ha sido muy importante para la buena ejecución programática y financiera de los proyectos y el acompañamiento con las contrapartes.

Programa Promoción de la Participación Política en Huancavelica                      

Este programa contribuye al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones sociales - especialmente las organizaciones de víctimas y afectados/as por el conflicto armado interno, las organizaciones de mujeres y las organizaciones de jóvenes - para la participación en los espacios de toma de decisiones locales y regionales; la vigilancia ciudadana y la incidencia política a partir de propuestas –principalmente de reparación para las víctimas del conflicto armado interno- elaboradas con el apoyo, asesoría y acompañamiento de las ONG contrapartes de PCS.

Las/os líderes de esas organizaciones, tienen mucho interés por participar como candidatos/as en los procesos electorales locales; así como por fortalecer sus actitudes y comportamientos orientados a exigir que el Estado cumpla con su deber de proteger los derechos humanos, a través de la implementación un Plan Regional de Derechos Humanos que se articule al Plan Nacional aprobado como política de Estado en 2005.

Asimismo, el Programa promueve la acción política de la sociedad civil, que viene contribuyendo a la progresiva democratización de los gobiernos locales y provinciales, evidenciándose una menor resistencia por parte de las autoridades a la participación ciudadana en los procesos de actualización o elaboración de los planes de desarrollo local, la elaboración de los presupuestos participativos; la rendición de cuentas; así como una mayor sensibilidad frente al derecho a justicia y reparación que asiste a las víctimas del conflicto armado y a la necesidad de vincular los procesos de desarrollo a la promoción y defensa de los derechos humanos. Este constituye un aporte fundamental al proceso de fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Se promueve los derechos a la verdad, la justicia y la reparación con las organizaciones de víctimas y afectados/as de Huancavelica, quienes vienen impulsando el proceso de exhumación y vigilan su desarrollo. Es indispensable continuar potenciando sus capacidades para la exigibilidad de sus derechos y el pleno ejercicio de su ciudadanía.

Violencia Sexual en contextos de Conflictos Armados

PCS desarrolla el Programa Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Contextos de Conflicto Armado Interno en tres países afectados por el conflicto armado interno de la región; en Guatemala y Perú desde el año 2005 y en Colombia a partir del año 2007.

El propósito es contribuir a que las mujeres víctimas de violencia sexual en países afectados por conflictos armados internos construyan ciudadanía desde su lucha por justicia y reparación.

Es significativo el progresivo posicionamiento de la problemática que aborda el programa en espacios públicos nacionales e internacionales, a partir de su abordaje interdisciplinario.

Centra la responsabilidad de estas violaciones a los derechos humanos en los Estados incidiendo políticamente para que cumplan con sus obligaciones de implementar políticas públicas que tengan como eje transversal los derechos humanos y los compromisos internacionales que han asumido en esta materia.

Promueve la construcción de alianzas estratégicas entre el movimiento de mujeres, el movimiento de derechos humanos, las mujeres víctimas sobrevivientes de violencia sexual en contextos de conflicto armado y sus organizaciones y, otros sectores de la sociedad civil; así como la lucha contra la impunidad a partir hechos y casos judiciales de violencia sexual.

Uno de los componentes del programa es el “Empoderamiento de las víctimas sobrevivientes”, en el cual se crean espacios de escucha, diálogo y reflexión en torno al contexto y al proceso socio político del conflicto armado interno y, a su impacto diferenciado en la vida de las mujeres y los hombres; contribuyendo a la recuperación de la vida emocional y la autoestima de las mujeres víctimas sobrevivientes, así como a la construcción de la memoria colectiva.

Las actividades de apoyo psicosocial y empoderamiento se orientan a la superación del estigma y la vergüenza, al fortalecimiento de la autonomía y capacidades para ejercer sus derechos como mujeres, como ciudadanas plenas que luchan por acceder a justicia, reparación integral y aportar a la recuperación del tejido social.

Otro de los componentes del programa es el de “Justicia de género y estrategias legales”, se basa en impulsar procesos de documentación de casos de violencia sexual cometidos contra las mujeres en su mayoría indígenas y habitantes de las zonas rurales más abatidas por el conflicto armado; así como, el desarrollo de estrategias legales y procesos de judicialización que eviten la revictimización y que deriven en la sanción a los perpetradores, a partir del debido proceso.

El tercer y último componente es el de “Sensibilización e incidencia política” el cual promueve la visibilización de la violencia sexual contra la mujer en contextos de conflicto armado ante la opinión pública; así como su inclusión en la agenda de las/os magistrados, las organizaciones de mujeres y los organismos de derechos humanos, tanto en el nivel nacional como internacional.

Se busca elaborar propuestas de política para influir positivamente sobre los sistemas de justicia, instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, en la perspectiva de generar cambios en los marcos legales nacionales en función de los avances de la legislación internacional.

A través de la incidencia se quiere aportar al desarrollo de políticas efectivas para que las víctimas accedan a su derecho a la justicia y a la reparación y, que protejan y prevengan nuevas violaciones a los derechos humanos.

Programa Verdad Justicia y Reparación

A finales de 2008, se culminó con la ejecución del Programa Verdad, Justicia y Reparación, en el se promovió la creación de espacios de encuentro entre víctimas para analizar y valorar la situación de sus organizaciones, así como los procesos de verdad, justicia y reparación y tomar decisiones respecto al rol que deben jugar en el nivel local, regional y nacional. Asimismo, ha permitido poner en vigencia la problemática del desplazamiento, tanto ante instituciones públicas como privadas y se ha dado pasos importantes para romper el silencio mediante acompañamiento psicosocial, facilitando la recuperación de la memoria histórica de las víctimas.

El trabajo realizado con las organizaciones de Ayacucho, Ica, Lima, Huánuco, Apurímac y Huancayo permitió elevar sus capacidades de planificación, monitoreo y evaluación; de coordinación interna y de incidencia política para acceder a su derecho a la verdad, justicia y reparación.

Las organizaciones cuentan con líderes y lideresas más democráticos y reconocen la necesidad de promover una mayor participación de sus representados. Así mismo, se logro fortalecer a las organizaciones para elevar su capacidad de propuesta y participar activamente en los procesos de desarrollo en el ámbito local y regional, y colaborar en la formulación y colocación deproyectos de reparaciones en los presupuestos participativos en sus respectivas regiones.

El trabajo realizado con las organizaciones de desplazados y con el Estado a nivel local, regional y nacional permitió la presentación de iniciativas políticas públicas de reparación integral para los desplazados internos y las víctimas y afectados por el conflicto armado interno.

Por otra parte, el trabajo de acompañamiento a procesos judiciales, realizado por algunas organizaciones, permitió elaborar una estrategia legal y desarrollar un plan de acción para impulsar juicios ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Fundamentalmente, el Programa ha permitido fortalecer a las organizaciones en el conocimiento de sus derechos, sus relaciones de confianza, su identidad colectiva, sus alianzas y propuestas.