EDITORIAL EL TIEMPO. BOGOTÁ (Colombia), 11 de marzo de 2010.-

BOGOTÁ (Colombia) COMUNICADO PÚBLICO CONSEJERÍA EN PROYECTOS / PROJECT COUNSELLING SERVICE), 8 de marzo de 2010.-

ARTICULO SEMANA

BOGOTÁ (Colombia), 5 de marzo de 2010.-

Horas después de que los Ministerios del Interior y de Defensa anunciaran que redoblarán las medidas de seguridad contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, tras conocerse un supuesto plan para atentar contra tres magistrados de la sala penal de dicho tribunal, la Sala Plena de la Corte respondió duramente en un comunicado en la noche de este jueves, no sólo a los que quieren sabotear su tarea de investigación, sino también a las otras ramas del poder.

El fenómeno de la migración en la región CAMEX, que se ha convertido en la principal estrategia para la sobrevivencia de la población, responde a problemas estructurales del conflicto y posconflicto socio político relacionados con la impunidad, la agudización de la pobreza y la violación a los derechos humanos más elementales.

VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN / VSCA

CIUDAD DE GUATEMALA (Guatemala), 1 de diciembre de 2009.- Víctimas y sobrevivientes del genocidio en Guatemala le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia cumplir los plazos establecidos por la ley y aplicar justicia en el caso Ríos Montt.

CIUDAD DE GUATEMALA (Guatemala), 11 de febrero de 2010.- Superando varios años de obstáculos jurídicos, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ordenó continuar el proceso contra los militares y ex militares involucrados en la masacre de las Dos Erres donde perdieron la vida 252 personas. Varias organizaciones de derechos humanos calificaron de acertada la decisión porque durante 10 años los responsables de estos hechos han pretendido que sus actos queden en la impunidad.

Ver comunicado adjunto de las organizaciones

(http://www.pcslatin.org/mesoamerica/files/0211Comunicado masacre de las Dos Erres.pdf

CIUDAD DE GUATEMALA (Guatemala), 2 de febrero de 2010.- Los obispos de Guatemala reunión en asamblea general responsabilizaron a las autoridades del Estado por la situación generalizada de inseguridad y violencia que se vive en el país. Calificaron de ineficiente el cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia, con lo cual se estarían incumpliendo las iniciativas propuestas por la Comisión Internacional contra la Impunidad.