El 28 de agosto de 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación dio a conocer públicamente el Informe Final, el que concluye que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre los años 1980 y 2000, fue la etapa de violencia “más intensa, más extensa y prolongada de la historia del Perú”. Los aproximadamente 70 mil muertos/as y desaparecidos/as, en su gran mayoría población rural de las regiones más pobres de la sierra y la selva, superan las pérdidas que ha tenido nuestro país en todas las guerras en sus dos siglos de independencia. A esto se suman los aproximadamente 500 mil peruanos/as, principalmente de Huancavelica, Apurimac, Ayacucho, Huánuco, Junín, Cusco, etc., que tuvieron que huir de sus pueblos y refugiarse en Lima y otras ciudades,agravando de este modo su situación de pobreza y abandono.

Estas aplastantes conclusiones, que muestran la incapacidad del Estado peruano para garantizar el orden público y la seguridad sin violar los derechos humanos de sus ciudadanos/as, se dieron a conocer oficialmente hace 5 años, y cada vez se hace más difícil volver a preguntarnos cuánto hemos avanzado, sin sentir el peso del tiempo perdido y del sentimiento de abandono que predomina en los hombres y mujeres víctimas del conflicto armado interno.

Sin duda, podemos mencionar algunos logros en el proceso de reparaciones y otros muy específicos y lentos en la búsqueda de justicia. Sin embargo, el tema de fondo sigue siendo cuánto se ha hecho para cambiar las condiciones sociales, económicas y culturales que estaban y de hecho aún están a la base de las causas que generaron la violencia política y sus terribles consecuencias, ¿qué es lo que se ha hecho en relación a las reformas institucionales del Estado?

Lamentablemente la falta de acceso a la justicia y la persistencia de la impunidad, la violencia y discriminación de género, racial, por orientación sexual, la pobreza y la exclusión social son problemas que siguen vigentes en el Perú. Los recientes descubrimientos de nuevos sitios de entierros clandestinos por ejecuciones extra judiciales o fosas comunes en Ayacucho, Huancavelica y otros lugares de la Sierra, no sólo incrementan a ocho o nueve mil el número de que se manejaba, sino que nos han hecho recordar que el proceso de Verdad, Justicia y Reparación se ha estancado y, en muchos casos, ha retrocedido. La situación del Perú no ha cambiado para los excluidos que son la mayoría del país. Seguimos siendo una sociedad con más exclusión que inclusión, una sociedad que pareciera querer olvidar y volver a la indiferencia.