Por Olga López Ovando

El juez Eduardo Cojulum denunció que ha recibido amenazas de muerte, cinco días después de haber finalizado las audiencias en donde escuchó a sobrevivientes de las masacres ocurridas durante el conflicto armado interno.

Cojulum escuchó 16 testimonios, como parte de la asistencia solicitada por la Audiencia Nacional española, del 18 de abril al 15 de mayo último.

Las audiencias son parte del proceso de genocidio que promovió Rigoberta Menchú contra cinco generales en situación de retiro y dos civiles.

Cojulum manifestó que las intimidaciones se han dado por teléfono, y le advierten que desista de sus acciones legales, porque de lo contrario sufrirá las consecuencias.

El lunes recién pasado, Cojulum manifestó que esta semana enviará al tribunal español su informe sobre los relatos, y que a su vez analizaba ordenar al Ministerio Público que se inicie la persecución penal contra los militares y patrulleros civiles que los sobrevivientes mencionaron en sus relatos como responsables de las masacres.

En sus testimonios, los sobrevivientes señalaron a los generales retirados Efraín Ríos Montt, Benedicto Lucas García y Lucas García (murió en Venezuela) como las personas que ordenaron masacres en Quiché, Baja Verapaz y Huehuetenango.

Los testigos aportaron los nombres de comisionados militares y ex patrulleros civiles que colaboraron con las matanzas.

La Asociación de Jueces y Magistrados, y la Fundación Rigoberta Menchú solicitaron que se refuerce la seguridad a Cojulum, y pidieron al MP que investigue el origen de las amenazas.

Guillermo Melgar, vocero de la Corte Suprema de Justicia, expresó que la presidencia de ese organismo desconocía sobre las intimidaciones, y que hasta ayer el juez no había pedido protección.

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Juez que asiste a la Audiencia Nacional de España denuncia amenazas de muerte

Guatemala, Guatemala - Martes, 20 de Mayo de 2008

El juez José Eduardo Cojulum denunció hoy amenazas de muerte en su contra tras presidir las audiencias a sobrevivientes y testigos de algunas masacres cometidas por el ejército durante el conflicto armado.

Luego de recibir los testimonios de una veintena de personas a petición de la Audiencia Nacional Española, donde se sigue el caso por genocidio, el magistrado también recomendó al Ministerio Público local actuar de oficio para investigar los hechos.

Cojulum decidió que existen suficientes evidencias para juzgar en Guatemala los actos descritos por testigos de las matanzas de Plan de Sánchez y Río Negro, así como la ocupación y el incendio de la embajada de España, ocurrida en 1981 en esta capital.

El jurista envió a la fiscalía un informe detallado sobre las declaraciones recibidas en el Onceno Juzgado de Primera Instancia Penal y aseguró que si las autoridades no actúan caerían en el delito de omisión de denuncia.

Sin embargo, a raíz de estas medidas comenzó a recibir llamadas telefónicas donde se le advierte que será asesinado de continuar con las diligencias, dijo Cojulum.