El 22 de abril de 2008 APRODEH dirigió una carta al Parlamento Europeo, a solicitud de algunos de sus miembros, expresando que ellos y el movimiento de derechos humanos, desde los inicios del periodo de la violencia política, han rechazado y condenado los actos de terror de SL y el MRTA, tal como lo señala el informe final de la CVR. En esta misma carta, se señala que “Desde hace más de 8 años no se conocen actividades del MRTA, sus principales dirigentes están en prisión, algunos cumplieron sus penas y decenas se encuentran desvinculados viviendo en muchos lugares del mundo. (…) Estimamos que no se debe sobre dimensionar la existencia y actividad de un grupo como el MRTA, que puede servir para perseguir a activistas sociales y opositores políticos, acusándolos injustamente del delito de terrorismo”.
La reacción del gobierno en alianza con el fujimorismo y algunos otros sectores políticos acentúan el escenario de autoritarismo e intolerancia que desde varios meses atrás se ha ido configurando a través de las iniciativas legislativas para criminalizar la protesta y justificar la represión y hostilización de las que han sido víctimas los defensores y defensoras de derechos humanos, líderes ambientalistas, autoridades comunales y los diferentes líderes de sectores sociales que demandan mejores condiciones de vida. En este sentido, la carta de APRODEH expresa la preocupación de que la calificación del MRTA por parte del Parlamento Europeo, como un grupo terrorista activo, podría servir de justificación para perseguir a todos los que se opongan al gobierno, acusándolos injustamente del delito de terrorismo.
Es precisamente en este contexto que se viene produciendo la persecución judicial y las acusaciones a los que defienden su derecho al agua, a la tierra, a un medio ambiente sano, a la libertad de opinión, de organización y de asociación. Los casos de los dirigentes comunales y campesinos acusados de terrorismo por exigir su derecho a ser consultados sobre los proyectos de las actividades mineras que los afectan; las personas detenidas injustamente en Tumbes, como la señora Carmen Azparrent, Melissa Patiño y Guadalupe Hilario acusadas de colaborar con el terrorismo internacional sin ninguna prueba, y la reciente exclusión por parte del gobierno de los observadores (fiscalizadores) del Consejo Nacional de Derechos Humanosson muestras claras del clima de intolerancia y autoritarismo que viene generando el gobierno.
PCS cree que el trabajo de APRODEH en defensa de los derechos humanos, la verdad y la justicia a lo largo de 25 años es incuestionable y transparente y considera que las acusaciones del gobierno buscan justificar su intención, en consonancia con el fujimorismo, de paralizar a las ONGs y de todos los que no comparten sus políticas y sus métodos.
Desde PCS inmediatamente hemos tomado contacto con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y APRODEH para expresarles nuestra solidaridad y respaldo; asimismo hemos manifestado nuestra disponibilidad para apoyar las iniciativas que acuerden como parte de una estrategia para hacer frente a las acciones que sin duda seguirá tomando el gobierno y el fujimorismo apoyados por otros sectores políticos.
Ante esta situación, consideramos que la Cooperación Internacional debe pronunciarse e incidir para que las autoridades del gobierno, la sociedad civil, los medios de comunicación y la opinión pública ejerzan la vigilancia del respeto a los derechos humanos y denuncien toda amenaza o restricción a los mismos.
Estamos convencidos de que la construcción de la democracia, la justicia y el ejercicio pleno de los derechos son los pilares de la misión y de los principios que animan el trabajo de todo el movimiento de derechos humanos en el Perú.
- Ver Pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos |
