El 16 de mayo se llevó a cabo en Lima la Quinta Cumbre América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE) que reunió a los Jefes de Estado y de Gobierno de estas regiones del mundo para tomar acuerdos relacionados con el proceso de asociación estratégica birregional, iniciado en Río de Janeiro hace casi diez años. Las deliberaciones que dieron como resultado la “Declaración de Lima” estuvieron centradas en dos grandes temas: Pobreza, desigualdad y exclusión y desarrollo sostenible: medio ambiente, cambio climático y energía.

Sin embargo, nada nos permite afirmar que esta cumbre podrá acabar con el mal crónico que caracteriza a estas reuniones mundiales: la falta de seguimiento y el incumplimiento de los acuerdos a los que se llega. Es importante recordar que la desigualdad, la polarización social y el deterioro ambiental, son el resultado de la absolutización del mercado por encima de los derechos humanos y el otorgamiento unilateral de garantías por parte de los gobiernos a las grandes transnacionales desdeñando a los principales actores, como son los pueblos.

Sin duda estamos asistiendo a una época donde los escenarios locales e internacionales, los actores sociales y políticos y las relaciones entre ellos no sólo han cambiado sino que también se han complejizado y adquieren formas inéditas en el marco de un proceso de globalización que lejos de homogenizar, puede ofrecer nuevas posibilidades para América Latina y el Caribe y sus formas de vinculación con el mercado mundial y la dinámica del capitalismo en tanto nuestros gobiernos prioricen, en sus políticas, el bienestar de sus ciudadanos.

Esto depende, en gran medida, de la capacidad de gestión de nuestros gobiernos y que trasciendan la visión unidireccional que impusiera el Consenso de Washington. Hay que tener en cuenta que casi todos los países de América Latina tienen un modelo similar de economía de mercado pero ésta no funciona ni se gestiona de la misma manera en todos ellos. También, es necesario establecer nuevas formas de relación entre la sociedad con el Estado y lograr un consenso que evite el aprovechamiento asimétrico que caracterizan los acuerdos entre gobiernos y transnacionales con los consecuentes impactos devastadores en nuestros países, especialmente en los sectores más vulnerables.

Después de la Cumbre ALC-UE, es necesario reafirmar nuestra voluntad y compromiso para hacer posible una integración que se construya sobre la base del ejercicio de los derechos humanos de todos y todas, el reconocimiento de los pueblos indígenas, el respeto al medio ambiente, terminar con toda forma de discriminación y con la impunidad frente a la corrupción y la violación a los derechos humanos.

Desde la sociedad, corresponde exigir rendición de cuentas a los gobiernos de ALC-UE para que cumplan con los acuerdos y compromisos que ellos mismos han asumido en relación a la pobreza, la desigualdad y el medio ambiente y, evitar que los derechos humanos sean relegados por el crecimiento económico y la seguridad. La historia ha demostrado que el desarrollo no se alcanza aplicando políticas y estrategias que socavan el estado de derecho y los derechos humanos. Con ello lo que se logra es aumentar las desigualdades, la discriminación y la intolerancia, es decir, las condiciones para el surgimiento de la violencia.

Lo único que puede conducirnos a una integración diferente es un compromiso y una práctica basados en valores compartidos. En un mundo globalizado, la pobreza, el medio ambiente y la seguridad, desafíos modernos y globales abordados por los gobiernos de ALC-UE en la Quinta Cumbre, exigen respuestas fundadas en los derechos humanos que garanticen un futuro sostenible para todos y todas.