El día sábado 18 de abril del presente año, en la mañana, se reunieron en el lugar conocido como el Caserío El Barrío, Cantón Nombre de Jesús, Municipio El Divisadero en el Departamento de Morazán al oriente del país, un aproximado de 500 personas, la mayoría habitantes de las comunidades aledañas al lugar, para conmemorar la masacre de 49 personas del lugar, hace 26 años, en el marco de una fuerte y despiadada represión contra los campesinos de toda la región.
Se ofició una misa conmemorativa por parte del Párroco de la Ciudad de Jocoro, Oscar Alberto Romero, quien apoyó a los familiares en la organización del evento. Participó también en el acto el Alcalde del Municipio de El Divisadero. El abogado representante de Tutela Legal del Arzobispado, Licenciado Wilfredo Medrano, dirigió unas palabras en el acto, recordando las vicisitudes del proceso jurídico para alcanzar justicia en este caso. Señaló asimismo los obstáculos que se enfrentan para judicializar el caso debido a la negligencia de las instituciones estatales concernidas. Reiteró el compromiso de Tutela Legal de continuar trabajando junto a los familiares de las víctimas para lograr establecer la verdad, la justicia y lograr la reparación moral y material de los afectados en este caso.
Don Santos Benitez, cuyos familiares fueron brutalmente asesinados, dedicó unas palabras en el evento, recordando los bestiales hechos que incluyeron el asesinato y violación de su joven hermana. Don Santos expresó su indignación e impotencia frente a la indiferencia y negligencia de la Fiscalía General de la República y demás instituciones gubernamentales. Pero igualmente instó a continuar en la búsqueda de justicia y llamó a mantener la organización de los familiares de las víctimas.Es así que en los próximos días se constituirá el comité de Familiares de víctimas de la masacre de El Barrío para dar paso a la construcción de un monumento conmemorativo y acciones de incidencia en torno a la judicialización del caso.
La masacre en El barrío.
El día 18 de abril de 1982, en el caserío El Barrío, cantón Nombre de Jesús, jurisdicción de El Divisadero y en el caserío Santa Rosita, Cantón La Jagua, jurisdicción de San Carlos, ambos municipios del Departamento de Morazán, se realizó un fuerte operativo militar ejecutado por oficiales y soldados pertenecientes al Batallón Atlacatl, quienes procedieron a sacar de las casas de manera violenta a las familias habitantes de estos lugares. Las personas, adultos y niños, fueron obligados a lanzarse al suelo boca abajo e interrogados acerca de sus vínculos con la guerrilla. Momentos después comenzaron a dispararles y ametrallarlos asesinando varias decenas de personas. Algunas mujeres adolescentes fueron separadas del grupo y llevadas a una quebrada donde fueron brutalmente violadas y posteriormente asesinadas.
Las humildes viviendas fueron saqueadas y destruidas por los militares, los animales sufrieron la misma suerte que las personas, fueron brutalmente lapidados; el lugar quedó arrasado. Los militares se retiraron al completar la barbarie. Horas después, con mucho temor aún, familiares de los asesinados regresaron al lugar para enterrar a sus familiares en fosas colectivas. Fueron asesinadas 49 personas, entre niños, mujeres, hombres y ancianos; residentes en el Caserio El Barrío.
Esta masacre como muchas otras, debido a la censura y el terror creado, permaneció oculta durante mucho tiempo. Fue hasta que un grupo de familiares de las víctimas se armó de valor para denunciarla y recurrió para ello a las oficinas de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, que se comenzó a conocer e investigar el caso. Tutela Legal adoptó la decisión de brindar todo el apoyo moral y técnico jurídico a los familiares de los masacrados.
Es así que la institución, en representación de los afectados, realizó la investigación técnica de los hechos que condujeron a la matanza y las circunstancias en que esta ocurrió. Este proceso desembocó en las exhumaciones correspondientes, estableciéndose científicamente la perpetración de la Masacre. Asimismo Tutela Legal presentó una denuncia contra los responsables de la masacre ante la Fiscalía General de la República, mediante la cual exigió la apertura de un proceso penal y la no aplicabilidad de la Ley de Amnistía. Los abogados de Tutela Legal actúan como Querellantes en el caso. El caso se encuentra en la etapa de la investigación fiscal, sin que se haya judicializado por dicha autoridad. El cruel hecho, considerado un delito de lesa humanidad, se mantiene impune debido a la falta de voluntad política del Estado salvadoreño.
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