La alta tasa de crímenes cometidos en contra de las guatemaltecas ha valido para que organizaciones internacionales califiquen a esta nación centroamericana como un país de “misóginos”, en donde la debilidad de las instituciones encargadas de impartir justicia y velar por la seguridad, permite que las mujeres sean asesinadas por el simple hecho de serlo.
Desde hace más de cinco años, todos los días se reporta la muerte violenta de más de una mujer. Según cifras oficiales, de 2001 a la fecha, unas tres mil 670 féminas han sido asesinadas. De esa cifra, más de 640 han ocurrido en lo que va de este año.
El 90 por ciento de estos casos se mantienen en la impunidad, lo que según el Sector de Mujeres de la Sociedad Civil, una coalición de organizaciones locales que lucha por la defensa de los derechos de las féminas, “alienta a los asesinos” a continuar con estas prácticas al no percibir el seguimiento de la justicia.
Según cifras oficiales, de los mil 986 asesinatos de mujeres cometidos en los últimos cuatro años, el Ministerio Público (MP), sólo ha logrado investigar 93 casos, y de éstos, sólo 47 han llegado a juicio oral.
La incapacidad de las autoridades locales para investigar los asesinatos, y por consiguiente, para detener los feminicidos, ha llevado a la Red de la No Violencia contra las Mujeres a denunciar al Estado guatemalteco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
Sin motivos para detenerse
Un informe presentado en 2006 por la organización Amnistía Internacional (AI), denominado Ni protección ni justicia: Homicidios de mujeres, advirtió que “la tasa de asesinatos de mujeres en Guatemala está aumentando porque los asesinos no tienen motivos para parar: saben que quedarán impunes”.
El Estado guatemalteco, precisó el documento, no aporta recursos suficientes al MP ni a las fuerzas de seguridad para la investigación de estos hechos “y se niega la protección a los testigos”.
“Es difícil tener una imagen clara de la amplitud de la violencia perpetrada contra las mujeres o sacar conclusiones sobre la identidad o los motivos de los autores, debido a la deficiencia de las investigaciones y a la ausencia de documentación relativa a la violencia de género sufrida por la víctima antes de ser asesinada”, criticó AI.
El jurista español, Carlos Castresana, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en un informe parcial sobre este fenómeno presentado en mayo pasado, atribuyó la “espantosa impunidad” que rodea los crímenes de mujeres a la debilidad de las instituciones encargadas de su esclarecimiento.
Según ese informe, el 98 por ciento de los cientos de asesinatos de mujeres que se comenten cada año en Guatemala quedan en la impunidad. “Los índices (de asesinatos de mujeres) son altísimos y las respuestas del Estado son pobres”, lamentó Castresana.
La Cicig, cuya creación fue aprobada por el Congreso guatemalteco en agosto pasado a petición del Gobierno, inició sus operaciones en enero, con un amplio respaldo de la sociedad civil y la comunidad internacional.
Su principal objetivo es investigar las mafias que se han incrustado en las estructuras del Estado, dificultando la aplicación de la justicia y favoreciendo la denunciada impunidad que sufre el país. Y a petición del Gobierno también colabora con la investigación de la ola de asesinatos de mujeres.
Según Castresana, los femicidios deben analizarse desde la perspectiva epimédica, ya que reflejan una conducta social anómala en la que las mujeres son asesinadas por el simple hecho de serlo, lo cual refleja altos niveles de discriminación.
De toda clase
Las autoridades atribuyen el incremento de las muertes violentas de mujeres a la “cultura machista” que prevalece en la sociedad guatemalteca, en donde la “violencia múltiple” de parte de los hombres hacia las mujeres, que además de agresiones físicas incluye maltrato verbal, violación sexual -incluido el incesto- y ciertos tipos de esclavitud, es algo visto como común.
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PHD), asegura que cada día recibe más de una decenas de denuncias de violencia intrafamiliar. “Mujeres de diferentes edades, profesiones y estratos económicos son víctimas a diario de parte de sus esposos, novios, padre o hermanos”, dijo una portavoz de la Defensoría de la Mujer de la PDH.
“No importa cuál sea la condición física de las mujeres, su procedencia étnica, social, económica, cultura, ni sus edades. En la Defensoría igual conocemos casos de niñas, adolescentes, adultas y ancianas”, agrega la fuente.
Las instituciones no cuentan con estadísticas reales sobre los hechos de violencia intrafamiliar que se producen en el país, debido a que en la mayoría de los casos las víctimas prefieren no denunciar por temor a venganza de sus agresores, “o simplemente porque se han acostumbrado a los golpes, y creen que en realidad esa es la forma como se deben de establecer las relaciones entre hombres y mujeres”.
En la mayoría de los casos las denuncias son rechazadas por los operadores de justicia, hombres, que en una suerte de “solidaridad de género” instan a las víctimas a que no presenten cargos en contra de sus agresores y les aconsejan que “mejor les hagan caso y se porten bien”.
Las autoridades han optado por responsabilizar de los asesinatos de mujeres -y por todos los hechos de violencia en general que aquejan a este país-, a las pandillas juveniles y a las bandas del crimen organizado y del narcotráfico. Sin embargo, no aportan muchos detalles para sostener esos señalamientos.
Aunque los estudios realizados por diversas instituciones no han hallado un patrón único sobre el comportamiento de los asesinos, en más del 60 por ciento de los casos se han detectado violaciones sexuales y torturas previas a la ejecución, y en más del 70 por ciento, las muertes han sido producidas con armas de fuego y estrangulamiento.
Fuente: Prensa Libre |
